A la espera de conocer cuántos proyectos se retrasarán más de la cuenta por la tramitación y no llegarán al plazo límite marcado por el Gobierno para finales de este año, el encendido de los 4.600 megavatios (MW) de eólica adjudicados en las macrosubastas de potencia renovable de 2016 y 2017 para cumplir los objetivos europeos en fuentes limpias mete de lleno al sector en una segunda juventud. De inmediato entrarán en funcionamiento tantos parques como los instalados en la última década. Y eso es solo la punta del iceberg. Hay 21.700 MW con solicitud de acceso a la red de transporte y otros 5.470 MW en tramitación.

El viento camina hacia el liderazgo eléctrico en España, un país pionero en su aprovechamiento y en el que ahora toca "el reto" de avanzar en su integración y en la del resto de tecnologías verdes "para lograr una penetración más elevada", apuntó Hilario Albarracín, el presidente de KPMG, en la presentación ayer, en Madrid, del informe "El impacto socioeconómico de la energía eólica en el contexto de la transición energética", realizado por la consultora para Siemens Gamesa. El consejero delegado del gigante de los aerogeneradores, Markus Tacke, echa en falta todavía "incentivos financieros" y reclama "políticas claras" para aprovechar todo el potencial eólico, que podría ser suficiente para cubrir el 34% de la demanda eléctrica global -el equivalente al consumo de EE UU, Europa y China juntos- en 2040 y antes incluso, en 2030, en España.

Aquí la resurrección de la eólica va de la mano de los "ambiciosos objetivos de descarbonización de la economía" vinculados al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para llegar en ese horizonte temporal a diez años vista a un 74% del mix eléctrico procedente de fuentes renovables. "La contribución de la eólica tiene que ser relevante y el sector está preparado", asegura Carlos Solé, socio responsable de Economics & Regulation de KPMG en España.

Frente a las incertidumbres, que las hay -desde un posible cambio de objetivos tras las elecciones del 10-N y el modelo de próximas pujas de potencia, a la evolución de los contratos de compraventa de la electricidad entre promotores y consumidores finales (PPA), pasando por la reforma europea del mercado eléctrico-, el "papel clave" que puede desempeñar el viento como puerta de acceso a una "energía asequible, segura y sostenible" y el considerable abaratamiento de los aerogeneradores hacen que la rentabilidad estimada en las inversiones sea "positiva y considerable". "Animo a apostar por las energías renovables con compromisos firmes y con claridad y visión para un retorno a la inversión no solo a 10 años, sino en el corto plazo", señaló David Mesonero, director financiero de Siemens Gamesa.

De ahí la insistencia del sector en apelar a la tranquilidad tras los enormes vaivenes normativos provocados por la reforma energética y la crisis. "Para hacer realidad estos ambiciosos planes se requieren estrategias e inversiones a largo plazo", destacó Markus Tacke. "Las renovables no necesitan subsidios, sino estabilidad y visibilidad", añadió el responsable de la división de Energía en KPMG España, Alberto Martín.

A las renovables está previsto destinar el 43% de los fondos para la descarbonización en España hasta 2030, unos 101.500 millones de euros, la mayoría (81.200 millones) de inversores privados, sustitutos de las ayudas públicas como principal palanca de inversión. De cumplirse las expectativas, el Producto Interior Bruto (PIB) nacional engordaría en 6.000 millones de euros al año durante la próxima década y se crearían, según el análisis de KPMG, alrededor de 150.000 empleos por ejercicio, de los que 30.000 pertenecerían al sector eólico.

"Las sinergias público-privadas son fundamentales para avanzar en la transición energética y más compromisos para alcanzar los objetivos", demandó Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030, convencida de que hay consciencia "del ritmo de la transición energética, de la conciencia y de la urgencia". "Ahora debemos pasar a la acción -continuó- teniendo en cuenta a las personas y al planeta". Solo la eólica frenaría la emisión de 10,75 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera -dos veces lo que contamina el transporte en Galicia, por ejemplo-, el ahorro de 142 millones de metros cúbicos de agua y una reducción en costes relacionados con la salud de aproximadamente 2.400 millones de euros, el 0,2% del PIB.