El rescate bancario español totaliza hasta ahora un coste de 65.725 millones con datos al cierre de 2018 (1.376 millones más que un año antes), de los cuales 42.561 millones en términos netos recaen sobre el Estado y el conjunto de los ciudadanos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y otros 23.164 millones repercuten sobre el Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de todas las entidades financieras, según los datos que ayer difundió el Banco de España.

De este monto, el coste público del saneamiento sectorial (42.561 millones) representa cerca del doble que la riqueza anual generada por una economía como la de Asturias (con un producto interior bruto en el entorno de los 23.000 millones) y supera ligeramente los 41.000 millones de la ayuda que usó España del rescate que le concedió la Unión Europea al Gobierno de Mariano Rajoy en el verano de 2012.

Los 42.561 millones de quebranto público (y que hoy por hoy se consideran irrecuperables) emanan de una aportación estatal inicial de 56.679 millones por tres conceptos (aportación de capital, esquema de protección de activos y garantías) a los que hay que restar los 4.477 millones ya recuperados y los 9.560 millones que, según la estimación del FROB, podrían potencialmente recobrarse con la privatización del 60,63% que este fondo estatal aún posee en el capital de Bankia si finalmente se privatiza. Sin embargo, con la cotización al cierre bursátil de ayer, esa participación vale hoy 3.170 millones.

Los 65.725 millones que suman las facturas pública y privada del rescate financiero corresponden íntegramente al saneamiento de antiguas cajas de ahorros y de los bancos en los que se transformaron esas entidades. Las cajas fueron el subsector más dañado por la última crisis financiera internacional porque, por su naturaleza jurídica, estaban imposibilitadas para autorrescatarse ampliando capital mediante la emisión de acciones, como sí hicieron muchos bancos privados, algunos de los cuales (Popular, Pastor y Guipuzcoano) también desaparecieron pese a esa opción. En el caso del Popular el daño le fue impuesto por el Mecanismo Único de Resolución Bancaria europea a sus accionistas para eximir a las arcas públicas. En otros países de la UE sí hubo rescates públicos de bancos privados.

El conjunto de la banca privada española recibió ayudas públicas pero no inyecciones de capital del Estado. Fue el caso del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), que generó un beneficio al Estado de 650 millones, y los 110.000 millones en avales de Estado para determinadas emisiones, que supuso un ingreso en comisiones por 3.060 millones.