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Bruselas prevé movilizar hasta 35.000 millones en las regiones que pierdan minas y térmicas

La Comisión Europea fía a la iniciativa privada la mayor parte de su plan l El Principado aplaude la creación de un fondo al que optarán 50 territorios

La belga Úrsula von der Leyen tomará en diciembre las riendas e la nueva Comisión Europea con un programa de gobierno que incluye el compromiso de compensar con inversiones generadoras de empleo a los territorios que, como Asturias, resultarán perdedores a corto plazo en el proceso de descarbonización de la economía. Y el primer borrador que ha trascendido sobre el plan que maneja Bruselas indica que se podrían movilizar hasta 35.000 millones de euros de inversiones públicas y privadas a las que optarían cincuenta regiones. La aprobación de los mecanismos para desplegar esta "iniciativa de transición energética justa" está sujeta al complejo proceso de negociación del llamado marco presupuestario de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027.

Von der Leyen dará a conocer en las próximas semanas los detalles de una propuesta cuyos primeros pormenores divulgaron ayer "El País" y el diario polaco "Rzeczpospolita". La documentación citada en ambos casos alude a varias vías que se explican a continuación para estimular la inversión en las regiones donde se cierren explotaciones y centrales térmicas de carbón.

Fondos nuevos y antiguos. El esquema supone la creación de un fondo europeo nuevo con cargo al futuro presupuestario comunitario por importe de 5.000 millones de euros y a distribuir entre 2021 y 2027. A ellos se añadirían 5.000 millones más procedentes de los fondos de cohesión existentes y otros 5.000 que habrían de aportar directamente los estados para cofinanciar los proyectos que se aprueben.

Una versión carbonera del "Plan Juncker". El segundo pilar consistiría en un mecanismo de estímulo financiero a la inversión privada. Bruselas proporcionaría para ello 500 millones de capital que se convertirían en 1.500 millones en garantías bancarias y que a su vez, estima la nueva Comisión Europea, favorecerían en el período citado hasta 20.000 millones en proyectos empresariales. Es un modelo análogo al que se ha usado en el llamado "Plan Juncker", un programa de financiación para el conjunto de la UE.

De modo que, si se alcanzaran los resultados proyectados por Bruselas, se movilizarían 35.000 millones de inversión en siete años, 15.500 de procedencia pública y el resto, de la iniciativa privada.

¿Quiénes serán los destinatarios del dinero? El programa está pensado en principio para que hasta cincuenta regiones europeas puedan beneficiarse, una relación más extensa de lo esperado y que parece deliberadamente concebida así para concitar el mayor grado de consenso posible entre los estados de la UE. En la lista hay seis regiones españolas: Asturias, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha.

Sobre el papel, el elevado número de territorios achica las opciones de cada uno de ellos. Fuentes del Gobierno asturiano precisaron que, de cara al nuevo fondo de 5.000 millones, Asturias está incluida como región al completo, al contrario que otras de España y de otros países que sólo se beneficiarán para concejos concretos. Es un matiz importante con vistas a hipotéticos repartos, indicaron las mismas fuentes. El Principado ve positiva la creación del citado fondo y su condición "adicional" y defiende que "se vaya incrementando en función de las necesidades de las regiones en transición".

¿Cuáles serán los criterios de reparto? El borrador alude genéricamente a que se tendrán en cuenta las pérdidas de empleo y también a que los estados miembros tendrán algún protagonismo en las decisiones. Jonás Fernández, eurodiputado socialista asturiano, anticipa que, con mucha probabilidad, Europa no hará un "reparto ex ante", esto es, una distribución sin más del dinero por países o regiones en función del criterio del empleo o de cualquier otro que se considere objetivo. Fernández augura que predominará el procedimiento "de competencia". Como ya ocurre con otros programas de ayudas europeas y en el citado "plan Juncker", es verosímil que los territorios afectados por la transición energética deban pugnar por la financiación con sus proyectos y que por tanto se prime a quienes presenten los de mayor calidad, impacto en el empleo y consistencia con los objetivos de descarbonización de la economía y lucha contra el cambio climático (eficiencia energética, movilidad eléctrica, energías renovables...).

Antes de llegar a ese punto, previene el también portavoz de los socialistas europeos en el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, las instituciones comunitarias habrán de solventar la difícil negociación del marco presupuestario 2021-2027, del que finalmente dependerá el dinero que pueda llegar a las regiones potencialmente perdedoras con la transición energética. Las nuevas necesidades de gasto en capítulos como la Defensa de la UE y las distintas sensibilidades que existen en torno a la dimensión de los fondos comunitarios presagian que no será fácil encajar un programa generoso con los territorios que sufren cierres de minas y térmicas, entre ellos los de Polonia y Alemania, por ese orden los países con mayor número de empleos amenazados y de regiones que pueden competir con Asturias. Jonás Fernández lo ve así: "Es una buena noticia que se cree un fondo; ahora hay que estar muy atentos para que otros no se queden con él".

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