Hace unos días nos enteramos por este periódico de cuántos asturianos ricos están trasladando su domicilio a Madrid para pagar menos impuestos. Son asturianos para recoger dividendos (y beneficiarse de las ayudas, infraestructuras o servicios públicos autonomicos) pero no para arrimar el hombro y aportar lo que les corresponde. Ricos y patriotismo sigue siendo un oxímoron.
La Comunidad de Madrid ha sido la joya de la corona, el buque insignia de las políticas del PP. La FAES dictaba y Aguirre ejecutaba. El resultado es evidente: paraíso para unos pocos (los millonarios) e infierno para la mayoría. No es ningún juego de palabras: Madrid es la campeona de la desigualdad en España, hay un millón de personas en situación de exclusión social y las políticas sociales brillan por su ausencia. La derecha presume de solvencia en la gestión pero su amago de privatizar la sanidad pública ha tenido un coste millonario que sigue sin reconocer o ha triplicado la deuda pública en los últimos diez años.
Los datos confirman que las recetas de la derecha son un fracaso para la mayoría pero auténtica música celestial para unos pocos, las familias más ricas de este país que se han visto beneficiadas por un sistema tributario hecho a medida. Por la vía de los hechos, Madrid se ha situado al margen del artículo 31 de la Constitución, que obliga a todos a "contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo".
La sanidad y la educación públicas, las infraestructuras por las que viajan mercancías y personas, la seguridad que garantiza las condiciones para el comercio y la actividad económica, las ayudas que reciben las empresas, el rescate de los bancos o las prestaciones dirigidas las familias con dificultades tienen un común denominador: todas se pagan con nuestros impuestos.
Un sistema tributario justo y progresivo es el motor del progreso para cualquier país. Los Estados más avanzados de nuestro entorno, esos que ponemos como ejemplo cuando hablamos de educación o crecimiento económico, como Finlandia, Dinamarca o Francia, pagan más impuestos que España. En algunos de estos casos, su presión fiscal es hasta 14 puntos superior a la nuestra. Nada ocurre por casualidad.
En nuestro país la principal vía de recaudación sigue siendo la nómina. El IRPF origina más del triple de ingresos que el Impuesto de Sociedades. Las grandes corporaciones son las grandes beneficiadas del sistema: también tributan menos de la mitad que la pequeña y mediana empresa.
No nos engañemos, no hay democracia plena sin impuestos justos. Y más cuando la desigualdad ha convertido las brechas en abismos. Por eso desde CC OO defendemos un modelo fiscal coherente con el mandato de la Constitución: justo y progresivo, en el que todos contribuyan en función de sus ingresos.
Un sistema no es justo cuando el mayor peso recae sobre las espaldas de los trabajadores y la gente corriente, o apuesta por la fiscalidad indirecta que no discrimina entre una persona sin recursos y un millonario. Para conseguirlo es preciso acabar con la hipocresía de los patriotas que esquilman lo de todos cuando huyen con sus fortunas y con los paraísos fiscales dentro y fuera de nuestras fronteras.
