04 de diciembre de 2019
04.12.2019

El fiscal pide que se juzgue a Justo R. Braga por el desvío de 1,4 millones de formación

El ministerio público solicita la apertura del juicio oral contra UGT de Asturias ante el uso sistemático de fondos de los cursos para financiarse

04.12.2019 | 01:22

El fiscal ha solicitado a la juez que investiga el presunto fraude en subvenciones para formación de UGT de Asturias que abra el juicio oral al entender que hay suficientes indicios de delito. El ministerio público destaca el "desvío sistemático" de fondos de formación por parte del sindicato entre 2010 y 2014 a través de sociedades vinculadas a él a las que recurría para organizar los cursos. Calcula que las cantidades supuestamente defraudadas se elevan a 1,46 millones de euros y aprecia "indicios racionales" de delito en la propia organización UGT de Asturias, en su secretario general en aquellos años, Justo Rodríguez Braga -que ya pasó una noche en el calabozo por este caso- y en otros cinco responsables del control de las subvenciones y de organizaciones vinculadas al sindicato: IFES, Infastur, Localmur y Formación 2020.

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del Principado de Asturias pidió ayer al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo que se dé por finalizada, tras cuatro años, la instrucción del caso de los cursos de UGT de Asturias y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones. El ministerio público considera que hay indicios suficientes para ir a juicio a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una investigación por hechos similares en Sevilla. Por las reglas de prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones de los planes anuales de 2010 a 2014 concedidas por el Principado a UGT Asturias y a su fundación IFES, cuya delegación regional se encargó de la gestión y ejecución.

La Fiscalía -sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación-, considera que en esas subvenciones "se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical". Esos beneficios, añade la Fiscalía, fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales de UGT de Asturias, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada (Infastur) para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades. Ese desvío "se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían". La realización de ese "desvío sistemático" de fondos tuvo lugar, según la Fiscalía, mediante el aprovechamiento instrumental de los vínculos que UGT Confederal y UGT Asturias tenían con las sociedades Infastur, Localmur y Formación 2020, "a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas".

La Fiscalía da por bueno el informe de la IGAE que cifra en 1.462.666 el dinero supuestamente defraudado, pero hay que tener en cuenta que para la consideración de fraude en subvención se debe superar los 120.000 euros por convocatoria. En el caso de las subvenciones concedidas a IFES eso ocurrió en los planes de 2010 (231.466 euros) y 2011 (330.179 euros). Respecto a las concedidas a UGT ocurrió en los planes de 2010 (238.247 euros), 2011 (254.521 euros) y 2012 (122.028 euros).

La fiscalía considera procedente, en principio, formular acusación contra el ex secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y contra otros cinco responsables de formación y gestión del sindicato, de IFES y de las sociedades vinculadas. En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente al expediente de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. La Fiscalía no considera procedente ir contra IFES, puesto que se encuentra en proceso de disolución.

El abogado de UGT de Asturias, Francisco Alonso, señaló que en el escrito que la Fiscalía hay "un error de partida", ya que hay un "empecinamiento" en decir que se desviaron fondos por unos gastos que no son de la subvención cuando, a su juicio, son "indirectos o asociados" y, por tanto, "subvencionables".

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