El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN), personado como acusación popular en la caso de los cursos de UGT de Asturias, criticó ayer al sindicato por "esconder la cabeza" y no realizar una investigación interna para depurar posibles responsabilidades por el presunto desvío de fondos públicos entre los años 2010 y 2014.

El presidente de OCAN, Manuel Benayas, y el abogado que representa legalmente al colectivo, Alberto Suárez, censuraron que un sindicato que "está llamado a defender los derechos de los trabajadores" no abriera una investigación interna y se limite a "cerrar filas" con su ex secretario general, Justo Rodríguez Braga, y los cinco dirigentes y trabajadores que están siendo investigados por su presunta autoría en un delito de fraude en subvenciones.

El presidente de OCAN, organización con vínculos con el partido político Podemos, señaló que "este triste suceso ha venido a constatar la falta de control administrativo que ha propiciado que no se detectaran los sobrecostes y facilitara que esta practica estuviera mantenida en el tiempo".

Benayas y Suárez reclamaron controles administrativos "más exhaustivos" que eviten que se produzcan casos como el de UGT de Asturias o el de "Marea", que mantiene en prisión a ex altos cargos de la administración regional por la irregular adjudicación de contratos. Además, criticaron el "tristísimo y deleznable" papel de la Junta General del Principado con el "cierre en falso" de comisión de investigación sobre las ayudas a la formación que había promovido Podemos y destacaron el trato "denigratorio" que, a su juicio, dispensaron algunos parlamentarios a parte de los comparecientes "a pesar de que ellos tenían más que perder, que ganar", señalaron.

No obstante, Benayas y Suárez afirmaron que, actualmente, se está yendo "por la buena dirección" después de que la Fiscalía remitiera al juzgado un escrito donde solicita que continúen las actuaciones "de cara a la celebración del juicio" contra UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga y cinco dirigentes y trabajadores del sindicato y sus sociedades vinculadas. No obstante, el fiscal considera que no procede ordenar la continuación de la causa en el caso de Carmen Caballero, secretaria de Administración de UGT entre 2013 y 2016, y Daniel Pedro Rodríguez, secretario de Formación entre 2013 y 2016, porque en esos años la presunta defraudación no superó los 120.000 euros.