La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comunicado con la industria electrointensiva a través del "Boletín Oficial del Estado" (BOE). Sin previo aviso y quizás desde algún punto de la madrileña Cumbre del Clima que estos días copa en buena medida la dedicación de su departamento, desveló por el BOE los pormenores de una nueva subasta eléctrica que mutila la retribución-ayuda a la que podrán optar las fábricas de acero, cinc, aluminio, cemento...por adherirse al llamado servicio de interrumpibilidad.
De forma oral y por escrito, el "lobby" que representa a las empresas, muchas de ellas multinacionales, ha respondido con un tono más encendido y explícito que otras veces, amplificando el aviso de que el riesgo de una oleada de deslocalizaciones y cierres está a la vuelta de la esquina. Peligro acrecentado en un contexto global de dificultad para los productores por la guerra comercial y de recesión industrial en Europa, y con miles de trabajadores afectados ya, dentro y fuera de Asturias por regulaciones de empleo.
La reacción del Gobierno asturiano ha sido primero verbal y luego escrita. Sin criticar abiertamente la decisión de recortar la subasta, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, anunció que su ejecutivo se dirigiría "formalmente" a Transición Ecológica en demanda de más apoyo a la industria (a través del fondo para compensar los costes indirectos del CO2) y de que se apruebe el Estatuto del Consumidor Electrointensivo en cuanto se forme nuevo Ejecutivo con funciones plenas. Ayer, el Consejo de Gobierno del Principado consumó el acuerdo para "solicitar explicaciones" a Teresa Ribera.
Conociendo la inclinación de Barbón por los gestos y el alto nivel de interlocución con los ministros de Sánchez del que habla tan a menudo, diríase que lo de recurrir a la vía epistolar con Ribera suena a intento del Presidente de transmitir que se pone verdaderamente serio con Madrid cuando están concernidos los intereses de los asturianos.
Puede que sea algo más que un mohín, pero lo conocido del contenido de la misiva suena demasiado tibio como para perturbar a Teresa Ribera, que oposita firmemente desde la Cumbre del Clima a repetir responsabilidades e influencia en un futuro Gobierno PSOE-Unidas Podemos. Se echa en falta del Principado que pida, negro sobre blanco, otra explicación acerca del estatuto electrointensivo: ¿Por qué no hubo obstáculo legal para que el Ejecutivo en funciones aprobara hace dos semanas un decreto-ley de urgencia que preserva el negocio de las empresas generadoras de energías verdes hasta 2031 y sí hay inconvenientes supuestamente insalvables para impulsar una norma de la que puede depender el futuro industrial de regiones enteras como Asturias?
El Gobierno de Sánchez alegó durante meses que, por las limitaciones de su interinidad, estaba jurídicamente incapacitado para activar la regulación que debería atajar la desventaja que el sector fabril más intensivo en consumo eléctrico tiene frente a sus competidores extranjeros por el precio de la luz. El Principado asumió tal explicación sin que, entonces como ahora, cuestionara en público si es o no urgente y de interés general, y por ello si encaja en las excepciones de la llamada ley del Gobierno, aprobar el citado estatuto.
Por si existen dudas, remitámonos a datos que otra ministra, Reyes Maroto, expuso en Oviedo el día 2 de septiembre: el sector electrointensivo aporta el 12,5% del PIB industrial español, factura 20.000 millones al año y sujeta 100.000 empleos directos y 50.000 indirectos, altamente concentrados en Asturias, Cataluña, Galicia y País Vasco. ¿Suficiente para habler de interés general y de urgencia?
