Estamos en un momento crítico para el sector de la construcción, en general, y para la actividad de la contrata, en particular. Un momento en el que de nuevo nos vemos zarandeados por circunstancias ajenas a nosotros, pero que influyen notablemente en nuestra actividad. Todos los indicadores prevén una desaceleración de la economía. La situación política en el Gobierno central, poco estable, tampoco ayuda mucho. La escasez de mano de obra cualificada, igualmente nos lastra?
Pero dicho esto, es necesario que nos pongamos a trabajar en una misma dirección todos los entes que tenemos la responsabilidad de buscar soluciones para nuestra actividad, tan importante como necesaria, llegando en algunos momentos a representar el 10% de la economía española y teniendo también un peso muy importante en el PIB regional.
La pregunta es: ¿Qué necesitamos para crear esa confianza, para que las personas sin empleo vean una salida con futuro en esta actividad, para que las empresas no solo creemos trabajo estable, sino que podamos modernizarnos para ser competitivos y mantener el talento que tanto esfuerzo y recursos cuesta? La respuesta es sencilla: actividad.
Necesitamos actividad de calidad en nuestro gremio, es decir, a precios de mercado. Actividad prolongada y más o menos uniforme a lo largo del año natural, pues picos y valles muy diferenciados son enemigos del empleo estable, de la rentabilidad de las empresas y por tanto de su supervivencia.
Para llegar a conseguir este objetivo de actividad con calidad y mantenida en el tiempo es necesaria, por tanto, la sensibilización de la Administración, puesto que son los pliegos de contratación de los que depende en gran medida que la inversión que se realice llegue a los estándares de calidad deseados.
Asimismo, sería necesaria la uniformidad de criterios en cuanto a contratación se refiere, atendiendo básicamente al objetivo de calidad. Si se busca cualquier otro, como puede ser únicamente el precio, ya se ven los resultados: empleo precario, ruina de empresas, competencia desleal, mala calidad en las obras, rescisiones de contratos, es decir, la ruina.
La uniformidad de criterios dependiendo del volumen y la tipología de obras traería consigo eficiencia y eficacia dentro de la Administración y también para las empresas, buscando siempre que esos criterios tengan por objeto la calidad real de la obra ejecutada.
Cuestión importante también es la necesidad de un plan de mantenimiento de infraestructuras a medio y largo plazo, que ayudaría a mantener una actividad continuada a muchas empresas del sector y a la vez el uso de esas infraestructuras revertiría positivamente en la población.
Esa actividad estable y de calidad de la que hablamos sólo será posible si contamos con una inversión en obra pública mínima y sostenida en el tiempo que responda a las necesidades reales de nuestra región en materia de infraestructuras. Ese mínimo, como venimos reiterando desde CAC-Asprocon, no debería ser inferior al 3% del presupuesto regional, es decir, alcanzar al menos los 130 millones de euros necesarios para mantener el valor patrimonial de esas infraestructuras.
Me gustaría recordar que según apunta en su último informe la Asociación Española de la Carretera (AEC), Asturias es la única región española, junto a La Rioja, cuya red de carreteras tiene un estado "muy deficiente". La inversión para su puesta al día en condiciones óptimas (incluyendo tanto la red regional como la dependiente del Estado) requeriría una inversión de 352 millones de euros.
Sería conveniente, asimismo, como aconseja la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), que la Administración no abuse del encargo a medios propios, que lógicamente tienen su papel importante, pero cuyo uso abusivo perjudica ampliamente al tejido productivo de nuestro sector por razones obvias.
En cuanto a la formación, es necesario que la Administración implemente métodos y cursos actualizados a las necesidades reales de las empresas y que los mismos se gestionen con agilidad, tratando de utilizar las herramientas que ya tenemos en funcionamiento.
La economía asturiana necesita un sector de la construcción fuerte, con empresas que inviertan y generen empleo, pero para ello es preciso que desde la Administración se den los pasos precisos en la dirección correcta: aumento de la inversión, pliegos que primen la calidad frente al precio, agilidad en las licitaciones y uniformidad de criterios en las adjudicaciones. De esta forma estaríamos realmente apoyando a un sector que es un gran generador de riqueza y empleo.
Según el informe Análisis de la situación y perspectivas del sector de la construcción del Principado de Asturias (2017) y datos del CES se estimaba que "cada euro invertido en la construcción supondría 3,44 euros de inversión en el total de la economía, y que cada euro de gasto en el sector, 2,77 euros de gasto en producción en el total de los sectores económicos". Otras estimaciones citadas en dicho informe señalan que "un impulso del 1 por 100 del PIB en la demanda de infraestructuras se traduciría en un incremento adicional de 1,03 puntos porcentuales en la producción y de 0,8 puntos en el empleo generado en toda la economía, el 30% del cual correspondería al resto de los sectores".
Por todas las razones expuestas, desde la Confederación reclamamos a todos los partidos con representación en la Junta General del Principado un pacto regional por las infraestructuras, que anteponga el interés general a la confrontación política. Un pacto en el que se contemple una inversión mínima como la mencionada de forma sostenida durante los próximos ejercicios.
Por nuestra parte, ofrecemos ayuda y colaboración leal pues nuestro fin es la supervivencia de las empresas, la mejora continua en cuanto a calidad de nuestras prestaciones, apuesta firme por el empleo estable y de calidad, y cooperación con todos los organismos que tengan que ver con nuestro gremio, para que siga siendo referencia y sobre todo para conseguir la palabra mágica: confianza.
