La organización ecologista internacional Greenpeace utilizó ayer el foro de la Cumbre del Clima de Madrid (XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) para emplazar al Gobierno español a anticipar el cierre de todas las térmicas de carbón a 2025, cinco años antes de lo previsto en la planificación energética del poder ejecutivo. Ese llamamiento se produjo 24 horas después de que la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, se mostrara partidaria de aumentar "la ambición" de las políticas globales y nacionales de reducción de gases de efecto invernadero (CO2 y otros), aunque no precisó si ello entrañaría acelerar la descarbonización de la producción eléctrica.

Las manifestaciones de la ministra Ribera y de Greenpeace trascienden en vísperas de que el Gobierno asturiano y los agentes sociales protagonicen hoy un acto en la Cumbre del Clima. El vicepresidente regional, Juan Cofiño, presentará allí "el trabajo que se está desarrollando en Asturias para evaluar el impacto de la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono, basado en la concertación social". Intervendrán también los secretarios generales de UGT y CC OO en la región, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, y el vicepresidente de la FADE y presidente de Femetal Guillermo Ulacia, quienes, con seguridad llevarán a la COP25 la demanda de una "transición justa" para los territorios que, como Asturias, pueden perder actividad económica y empleo en el camino que, sobre todo en la UE, se ha marcado para conseguir la plena descarbonización de la economía en 2050.

En una entrevista con Europa Press, la ministra Teresa Ribera ha manifestado la "voluntad" del Gobierno español de defender en el cónclave climático madrileño una "contribución reforzada" de España y del resto de países para intensificar el recorte de las emisiones de CO2. "Es muy importante poner en valor la necesidad de reforzar la ambición como señal de coherencia", dijo Ribera, y lamentó que la interinidad del Gobierno central haya impedido tomar nuevas medidas nacionales. Con un ejecutivo "en plenitud de funciones", expresó la ministra, "quizás hubiera sido posible empezar a plantear un incremento de la ambición".

Teresa Ribera no precisó más y reiteró que el compromiso del Gobierno en este momento está con el objetivo europeo de conseguir la "plena descarbonización" (supresión completa de las emisiones) en 2050. Greenpeace pidió ayer al Gobierno español que ese plazo se adelante a 2040 y defendió en ese contexto que se legisle para "eliminar el carbón del sistema eléctrico nacional a más tardar en 2025". El borrador del Plan de Energía y Clima que España ha presentado a la UE prevé el fin de las térmicas carboneras en 2030, aunque las condiciones del mercado están acelerando el proceso. En Asturias está anunciado el cierre de dos centrales en 2020 (Lada y Tineo), mientras que en las de Soto de Ribera y Aboño se han hecho las inversiones ambientales necesarias para superar esa fecha.

Greenpeace alerta de los impactos del uso eléctrico del carbón más allá de la cuestión climática. Según un informe de la organización, las masivas importaciones de mineral en España -altamente concentradas en Asturias y Galicia por las térmicas- son en último caso responsables de los desplazamientos de poblaciones y de violaciones de los derechos humanos asociadas a las actividades mineras en países como Suráfrica, Colombia o Rusia.