La nueva Comisión Europea presentará hoy en el Europarlamento los pormenores de su propuesta de Pacto Verde (Green New Deal, en su denominación anglosajona), y lo que ya se conoce de su contenido conlleva asumir un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero más ambicioso que los formulados hasta ahora. A la espera de que se concrete cómo se va a repartir ese esfuerzo, el giro de Bruselas eleva la presión sobre la industria asturiana, especializada en procesos muy intensivos en CO2.
Frans Timmermans, vicepresidente del Ejecutivo comunitario que preside Úrsula von der Leyen, confirmará ante los eurodiputados el propósito de conseguir en 2050 una descarbonización casi plena de la economía, reduciendo para esa fecha al menos el 90% de las emisiones en relación al nivel de 1990. La novedad está en la velocidad de la transición hasta ese punto, expresada en una nueva meta vinculante que supone conseguir una rebaja de entre el 50% y el 55% en 2030. Hasta ahora, Bruselas había enunciado como "objetivo obligatorio" "reducir las emisiones de la UE en un mínimo del 40% con respecto a 1990", según documentos anteriores de la Comisión.
A partir de hoy se podrá conocer también cómo afecta ese aumento de la ambición climática de las autoridades comunitarias a las políticas de los países. Los borradores de los llamados Planes de Energía y Clima para el período 2021-2030 fueron elaborados por los gobiernos en base a instrucciones de Bruselas más contenidas y basadas en dos pilares: un recorte de emisiones del 43% con respecto a 2005 en los sectores industriales sujetos a la disciplina del comercio de CO2 (siderurgia, cementeras, plantas eléctricas de combustibles fósiles...) y una rebaja del 30% en el caso de los sectores llamados difusos (transporte, vivienda y servicios). Una de las incógnitas por despejar es en qué medida afectará el mayor esfuerzo que planteará la Comisión Europea a los distintos sectores concernidos.
La industria. Algunos documentos asociados al Pacto Verde aluden al compromiso de la Comisión de presentar el próximo marzo un plan estratégico para la industria europea. Algunas informaciones periodísticas han anticipado que tal estrategia incluirá la implantación de un mecanismo de "ajuste en frontera" para proteger a los fabricantes comunitarios intensivos en emisiones de CO2 -y por ello afectados por sobrecostes- de los competidores de países terceros con legislaciones ambientales más laxas. Será una versión aún por definir del "arancel ambiental" que la siderurgia europea y en particular ArcelorMittal están demandando para evitar el riesgo de cierres y deslocalizaciones cuando, a partir de 2021, se endurezca el mercado de carbono.
Fuentes consultadas por este diario en la Comisión Europea evitaron confirmar otra información según la cual el equipo de Von der Leyen sopesa exigir que en un plazo no muy superior a una década la fabricación de acero esté libre de emisiones, lo que, de establecerse así, obligaría a prescindir de los hornos altos convencionales -como los dos existentes en Gijón- y a desarrollar aceleradamente las tecnologías que se están ensayando para utilizar otros combustibles en el proceso de reducción del mineral de hierro (hidrógeno y biomasa, entre ellos).
El transporte. Otros datos que han trascendido sobre los planes de la Comisión Europea y acerca del debate que hoy se celebrará en Estrasburgo aportan más detalles sobre los esfuerzos que se plantearán en el transporte para agilizar la descarbonización. Timmersman explicitará la intención de Bruselas de extender la aplicación de las llamadas "euroviñetas", pagos por circular por las autovías de la UE que ya se abonan en algunos países en el caso de los vehículos pesados. Se propone asimismo ampliar al transporte marítimo la disciplina del comercio de emisiones e incluso estudiar que la obligación de comprar derechos para generar CO2, hasta ahora confinada en ciertos sectores industriales y en la aviación, se extienda de alguna manera al transporte por carretera. Podría conllevar, por ejemplo, que compañías como la asturiana Alsa tuvieran que adquirir bonos de dióxido de carbono para sus autocares con motores de combustión.
Las ayudas. El Pacto Verde incluirá asimismo un capítulo de "transición justa", con la dotación de fondos y líneas de financiación para las regiones que pueden perder actividad económica y empleo con la descarbonización. El primer borrador que se ha conocido sobre tales ayudas supone movilizar hasta 35.000 millones de inversiones públicas y privadas entre 2021 y 2027 a las que tendrían acceso unos 50 territorios con minas y térmicas de carbón que cerrarán, entre ellos Asturias. La mayor parte de esa cantidad corresponde a la inversión privada que potencialmente se podría impulsar con un mecanismo de estímulo financiero análogo al llamado "plan Juncker". Los fondos nuevos de carácter público se limitarían a 5.000 millones.
La hoja de ruta provisional de la transición hasta 2030
La hoja de ruta de la descarbonización europea marca unos objetivos que tienen carácter colectivo y a los que deben contribuir los países en distintos grados que son negociados. Hasta ahora, la meta de la rebaja de emisiones de CO2 en el horizonte de 2030 estaba genéricamente formulada como una reducción "de al menos el 40%" en relación al nivel de 1990. Ahora se quiere llevar hasta el 50% o el 55%. Otros objetivos suponen que como mínimo el 32% de la energía final consumida sea renovable en el mismo año y una mejora del 32,5%, revisable al alza, en eficiencia energética. Está previsto que ambos límites se revisen al alza antes de 2023.
