Juan Corona, director general del Instituto de la Empresa Familiar, afirmó ayer que el impuesto de patrimonio "está condenado a desaparecer" en España, uno de los pocos países desarrollados que lo mantiene, según argumento el directivo del "lobby" nacional que reúne a las principales corporaciones españolas controladas por estirpes de empresarios.

En el contexto de una jornada sobre fiscalidad organizada en Oviedo por la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), Corona dijo del tributo que en Asturias pagan unos 3.600 contribuyentes -los que tienen bienes por más de 700.000 euros- que "es un caso flagrante de doble imposición, desincentiva el ahorro y es confiscatorio". Lo es particularmente ahora, sostuvo el directivo, en la medida en que el gravamen puede llegar para los más ricos al 2,5% mientras que la rentabilidad que tiene el ahorro es ínfima en un contexto como el actual de tipos de interés negativos en términos reales.

Juan Corona afirmó también que, en el caso del impuesto de sucesiones, el objetivo de su organización -presidida a nivel nacional por Francisco Riberas (Grupo Gestamp)- es preservar los beneficios fiscales que ya tienen por ley las empresas familiares. "En principio, no corren peligro; ningún partido los ha cuestionado en sus programas electorales", dijo en referencia a la reducción estatal en la base imponible (95% del valor de la empresa) a la que tienen acceso los herederos de sociedades o negocios profesionales cumpliendo ciertos requisitos (un nivel de participación determinado e implicación de familiares en la gestión). "En Asturias ese tratamiento está mejorado", precisó.

Los herederos de empresas familiares tienen en el Principado una reducción adicional del 4%, de forma que el 99% del valor de la sociedad puede quedar exento de tributación. El presidente de Aefas, Jorge Suarez (Impulso), pidió en el mismo acto que se mejoren ciertos aspectos litigiosos de ese beneficio fiscal, como la delimitación de los bienes de la empresa que se consideran "afectos" a la actividad empresarial y cuyo valor está por ello exento de tributación de cara a los impuestos de patrimonio y sucesiones.

Aún reconociendo el trato singular que el Principado da a los herederos de sociedades familiares, Suárez reiteró la demanda del colectivo para que se vaya más allá, aplicando una bonificación sobre la cuota tributaria análoga a la de Madrid, donde los herederos directos pagan sólo el 1% de la base imponible, con independencia de que la herencia incluya o no empresas.

Los fiscalistas que participaron en la jornada de Aefas -Santiago Vereterra, de Bankia, y Pablo Sanz y Vanessa Méndez, de Deloitte- encuadraron a Asturias entre las zonas de "fiscalidad elevada" en la tributación de sucesiones y donaciones, junto a Castilla y León, Aragón y Cataluña. "Madrid es imbatible", dijeron. Las condiciones fiscales de la capital española para los contribuyentes acaudalados -no pagan el impuesto de patrimonio y los herederos directos tributan al 1% con independencia del valor de los bienes- atraen con frecuencia a grandes patrimonios asturianos que cambian su residencia a Madrid para eludir los tributos sobre la riqueza. Los citados fiscalistas, así como los dirigentes del "lobby" de las empresas familiares, subrayaron que las autoridades tributarias están poniendo mucho énfasis en perseguir los cambios ficticios de domicilio.

"En otras cosas no, pero este país está a la cabeza en lo medios tecnológicos que tiene la Agencia Tributaria; pueden cruzar infinidad de datos", resaltó Juan Corona. Y añadió que el seguimiento de la localización de los teléfonos móviles puede convertirse en una herramienta más y muy eficaz para que el Fisco verifique la autenticidad de los cambios de residencia.