20 de diciembre de 2019
20.12.2019

El Gobierno culpa a la UE y afirma que el sector recibe otros apoyos

El Principado muestra su preocupación sin cuestionar abiertamente la política de la ministra Ribera l Máxima alarma de patronal y sindicatos

20.12.2019 | 01:10
Instalaciones de Azsa en Avilés.

El Ministerio de Transición Ecológica apuntó ayer en dirección a la Unión Europea (UE) para justificar que prácticamente se haya esfumado el ahorro en costes energéticos que la gran industria asturiana obtenía a través de la subasta eléctrica. Según el departamento de Teresa Ribera, los reparos de Bruselas empujaron al Gobierno a modificar las reglas del llamado servicio de interrumpibilidad, cambios que condujeron al desenlace que ha indignado al sector fabril.

Fuentes de Transición Ecológica remarcaron que la Comisión Europea forzó cambios tales como la reducción de la potencia subastada (de 2.340 megavatios en el segundo semestre de este año a 1.000 megavatios para la primera mitad de 2020) y la supresión de los bloques de 40 megavatios, los más útiles para compañías como Azsa y ArcelorMittal. "Fue por requerimiento de la UE", afirmó un portavoz. La explicación recurrente del Gobierno es que la subasta eléctrica española está bajo la lupa de las autoridades comunitarias porque puede colisionar con la normativa que veta las ayudas de Estado, a pesar de que ese mismo mecanismo u otros análogos se emplea en más países.

El Gobierno en funciones, que mantiene sin aprobar una rebaja estable de la luz industrial (Estatuto del Consumidor Electrointensivo) alegando que no puede actuar debido a su interinidad, sostiene que las empresas reciben apoyo por otras vías que, a juicio del Ejecutivo, compensan los ahorros perdidos con el tajo a la interrumpibilidad. Según esta explicación, los repartos de dinero para los denominados costes indirectos de CO2 han pasado de 6 millones en 2017 a 172 este año (aprobados y pendientes de repartir). En ese mismo tiempo, el dinero de la interrumpibilidad ha bajado de una media mensual de 44 millones de euros (525 millones en todo 2017) a 730.000 euros (4,38 millones para seis meses de 2020).

Transición Ecológica aduce también que las compañías industriales acceden, junto a otras, a una bolsa de 308 millones de subvenciones para mejoras en su eficiencia energética. Y añade que el descenso en el precio mayorista de la electricidad de este año también favorece a las fábricas electrointensivas. El Gobierno lo relaciona con su política de promoción de las energías renovables. Otros análisis de naturaleza técnica lo atribuyen principalmente al abaratamiento del gas natural, y el sector industrial remarca que el diferencial de precios con los competidores europeos no está en ese precio mayorista, sino en los costes regulados por la Administración (cargos y peajes), que en España son más altos y recogen el impacto de errores de planificación energética de sucesivos gobiernos.

El Ejecutivo asturiano del socialista Adrián Barbón expresó ayer su preocupación sin criticar de manera abierta la gestión de la interrumpibilidad realizada por el Ministerio de Teresa Ribera. "Es necesario reconocer que tanto el planteamiento de la subasta como el resultado de la misma no son buenas noticias para la industria y hacen más necesario que nunca, si cabe, la inmediata existencia de un Gobierno de la nación plenamente operativo que apruebe a la mayor brevedad posible el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos", expuso la Consejería de Industria en un comunicado. El texto añade acerca de las explicaciones de Madrid: "Si bien es cierto que desde la UE se han manifestado algunos reparos al sistema (...), es necesario que las empresas que prestan un respaldo en la seguridad del sistema eléctrico tengan una adecuada remuneración". El Principado subraya también que indagará en los mecanismos que se aplican en otros países para verificar si la industria asturiana está siendo víctima de "un agravio comparativo intolerable".

La alarma empresarial fue expresada dentro de la región por Guillermo Ulacia, presidente de Femetal y vicepresidente de la FADE: "Los hechos, que no las palabras, nos muestran que se sigue dando la espalda a la industria electrointensiva en España; esperemos que la formación de un nuevo gobierno permita corregir la situación antes de que sea irreversible". Y entre los sindicatos, también máxima inquietud. "Estamos en situación de emergencia industrial", dijo Jenaro Martínez, líder en Asturias de UGT-FICA. "Se cumplen los peores presagios", afirmó Damián Martínez, de la Federación de Industria de CC OO. Ambas centrales están planeando movilizaciones.

Las energías renovables alcanzan el 37% de la generación en España y el carbón cae al 5%

Oviedo, P. C.
España cerrará el año con una producción eléctrica de 261.020 GWh, de los que el 36,8 % han sido generados con renovables y el 5% con carbón.
Red Eléctrica de España (REE) difundió ayer sus previsiones de cierre del año. Durante 2019 la potencia instalada no contaminante experimentó un crecimiento del 10%. Las renovables representan el 49,3% de la capacidad de generación y la solar fotovoltaica, que cierra 2019 con más de 7.800 MW de potencia instalada, ha sido la tecnología que más crece. La descarbonización también avanzó com el cierre de la central de carbón Anllares, en León.

La demanda de energía eléctrica en España se redujo el 1,5%. El ciclo combinado, con un 21,9% del total, ha sido la tecnología que más ha aportado al mix de generación, seguida de la nuclear (21,2%), la eólica (20,6%), la cogeneración (11,4 %) y la hidráulica (9%). Detrás queda el carbón que, con el 5% del total de generación se anota la menor participación de esta tecnología desde que REE tiene registro. Con respecto a 2018, la producción de carbón descendido un 68,2%.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

IBEX- 35