Las pensiones volverán muy probablemente a estar bajo el foco político en 2020, cuando podría reactivarse la discusión de nuevas reformas. Ante el cambio de año, el panorama provisional puede sintetizarse así: continúa la aplicación gradual de los ajustes en la edad y en el cálculo de las prestaciones aprobados en 2011; permanecen en cambio suspendidos dos mecanismos sobre los que se legisló en 2013 (el índice de revalorización y el llamado factor de sostenibilidad), y el sistema público va a fines de 2019 camino de los 20.000 millones de déficit, a pesar del relevante aumento de los ingresos en cotizaciones (casi el 8% interanual). En los siguientes puntos se resumen las nuevas reglas que entran en vigor el día 1 de enero y algunas de las que están en el aire, sujetas a decisiones políticas por ahora inciertas.
La edad. Los más de 8.000 trabajadores asturianos que se jubilarán en 2020 -los adscritos al régimen general y al de los autónomos, sin contar los de la minería y los del mar, con reglas singulares- tendrán que cumplir requisitos de edad que varían según su historial laboral. Podrán seguir retirándose a los 65 años y con el 100% de la pensión quienes en 2020 acrediten al menos 37 años cotizados. Aquellos que no cumplan tal requisito deberán aguardar a cumplir 65 años y diez meses, dos meses por encima de lo exigido en 2019, según el calendario de aplicación gradual de una reforma que, aprobada con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, comenzó a aplicarse en 2013 y se completará en 2027. Para entonces, y si no media otra reforma que lo cambie, la edad legal será de 67 años, si bien será posible jubilarse con 65 acumulando al menos 38 años y seis meses de cotización.
Las jubilaciones anticipadas. La edad a la que se accede a la jubilación anticipada -con penalización en los ingresos- también se mueve en función de la modalidad y del historial de cotización del candidato. La jubilación voluntaria es posible dos años por debajo de la edad legal y con un mínimo de 35 cotizados ,y la forzosa, con cuatro años por debajo del mismo límite y 33 de cotización. Hay excepciones: se mantiene las condiciones previas a la reforma, más ventajosas, para los trabajadores despedidos antes de abril de 2013. En todo el país se calculan unos 26.000 beneficiarios de esta medida, prorrogada por acuerdo reciente del Consejo de Ministros. Finalmente, y con la excepción de la industria, seguirán utilizándose las reglas que han endurecido la jubilación parcial con contrato relevo, restricciones que se generalizaron en 2019 y que han provocado en Asturias un descenso del 65% en el uso de esta modalidad.
El cálculo. La reforma gradual que data de los gobiernos de Zapatero también eleva para 2020 de 22 a 23 años los de vida laboral que se tienen en cuenta para calcular el importe de la pensión. El período de cómputo se ha ampliado en ocho años desde 2013 con consecuencias de signo disímil, según los casos: puede penalizar a quienes tienen la última etapa de la vida activa salarios más altos, y puede favorece a quienes, por la crisis o la precarización laboral, sufrieron paro o contratos con salarios bajos en sus últimos años de trabajo. Durante 2020 seguirá sin aplicarse el denominado factor de sostenibilidad, fórmula que conllevaba un recorte de las pensiones de los nuevos jubilados al ajustarlas a la evolución de la esperanza de vida. Ese mecanismo, impulsado en 2013 por el PP, fue pospuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2023 a raíz de los acuerdos presupuestarios de 2018 con el PNV y bajo presión de las movilizaciones de los pensionistas.
La revalorización. Desde ese mismo año 2018 también dejó de usarse el procedimiento de revalorización de las pensiones que ligaba las subidas a la situación financiera de la Seguridad Social, limitándolas al 0,25% cuando, como ahora, el sistema presenta déficit. En 2018 y 2019, primero con el PP y luego con el PSOE de Pedro Sánchez en la Moncloa, se aprobaron subidas vinculadas al índice de precios al consumo (IPC) para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas. Ahora, el actual Gobierno en funciones ha congelado provisionalmente las pensiones, con el compromiso de que, en cuanto haya Ejecutivo con plenos poderes, las revalorizará el 0,9%, igual que el IPC previsto para 2020.
El contexto financiero del sistema es el siguiente: 20.000 euros de déficit contributivo en 2019 (antes de contar las transferencias vía impuestos), con un aumento vigoroso del gasto (6%) y a pesar de la sobresaliente mejora de la recaudación en cotizaciones (7,9%). En Asturias, el gasto en pensiones marcó nuevo récord en 2019 al superar los 5.000 millones (incluidas las prestaciones no contributivas).
