La Unión Europea (UE) movilizará entre 18.750 y 30.000 millones de euros a fondo perdido para promover proyectos que permitan una transición energética "justa" en aquellos territorios que, equivalentes a las provincias españolas (nivel administrativo en el que se encuadra Asturias como comunidad uniprovincial), vayan a sufrir el impacto por el proceso de descarbonización de la economía, con el consiguiente cierre de instalaciones emisoras de CO 2.

A estas subvenciones europeas (unas directas, y otras canalizadas a través de los estados miembros con cargo a los programas comunitarios que recibe anualmente cada país) se sumarían créditos del programa InvestEU y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que totalizará unos recursos de 100.000 millones en el periodo 2021-2027 para los 27 países miembros. Así lo establece la propuesta que ha aprobado la Comisión Europea, conocida ayer, y que el martes llegará al Parlamento y al Consejo europeos para su debate y tramitación. Extrapolado para un periodo de diez años (superior al actual escenario presupuestario de la UE) se alcanzarían los 143.000 millones que la Comisión considera necesarios para compensar con nuevas actividades a los territorios más vulnerables en su tejido industrial y laboral por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El Mecanismo de Transición Justa diseñado por el ejecutivo comunitario presidido por Ursula von der Leyen, y que ahora debe ser debatido y en su caso enmendado por los grupos políticos en el parlamento europeo y por los gobiernos nacionales en el seno del Consejo Europeo, prevé dos líneas de actuación.

Subvenciones Una de ellas (el llamado Fondo de Transición Justa) consistirá en dos vías de apoyo mediante subvenciones a proyectos que contribuyan a paliar los efectos de la descarbonización. La Unión Europea movilizará directamente 7.500 millones con cargo al presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y los estados deberán contribuir a cada proyecto y territorio con un importe que oscilará entre 1,5 y 3 euros por cada euro que aporte la UE. Los recursos a movilizar por los países (entre 11.250 y 22.500 millones) procederán de los fondos comunitarios que recibe cada Estado con cargo al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión Territorial, por lo que los Gobiernos nacionales deberán detraer este importe (que no podrán superar el 20% de los fondos comunitarios que recibe el país) de otros fines para destinarlos a las provincias afectadas por el nuevo modelo energético e industrial de bajas o nulas emisiones.

Créditos. Además, el Mecanismo de Transición Justa incorporará créditos del programa InvestUE (antiguo Plan Juncker) para financiar proyectos privados en esos territorios y préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para iniciativas del sector público. Estos recursos alcanzarán entre 70.000 y 81.2650 millones en 2021-2027. Los Estados deberán pactar con las provincias los planes de actuación y estas propuestas deberán ser aprobadas por la Comisión Europea. El proyecto de reglamento no precisa los criterios que deben cumplir las provincias para poder acogerse a este programa.