Los sindicatos de los supermercados y el comercio detallista de alimentación de ámbito regional y la patronal sectorial, Asupa, rompieron esta noche las conversaciones sobre el convenio colectivo tras más de ocho horas de negociación en la sede del servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec)l, en Oviedo. La negociación laboral afecta a más de 12.000 trabajadores.

Las partes habían convenido el encuentro de hoy tras la renuncia de los sindicatos, el 27 de diciembre, y previa mediación del Principado, a continuar con la convocatoria de huelga para los días 28 a 31 de diciembre, tras la que habían protagonizado entre el 21 y el 24.

La patronal hizo ayer una oferta que ampliaba la de diciembre, prorrogando el convenio dos años más (2022 y 2023), con subidas para ambos ejercicios del 2,5% anual más cláusula de revisión, así como un día más de libre disposición. Tras el desencuentro de esta noche, Asupa afirma que está considerando retirar la totalidad de la propuesta que ya se había avanzado el mes pasado.

El 12 de diciembre ambas partes habían llegado a un acuerdo parcial consistente en subidas salariales anuales del 1,8% para 2019, 2% para 2020 y 2,38% para 2021, y que ningún trabajador perciba menos de 1.400 euros brutos mensuales en 2021, lo que, según Asupa, supondría que el 80% de los empleados tengan incrementos de hasta el 13%. Las partes también habían concertado dos días más de vacaciones (pasarían a ser 32), un mayor periodo de lactancia que el previsto en la norma, la subrogación de plantillas en caso de venta o de compra de empresas y la recuperación de días de descanso cuando coincidan con festivos. La negociación encalló sin embargo en dos reclamaciones sindicales (inclusión del descanso diario de 20 minutos como jornada laboral y la mejora automática de niveles salariales para todos los empleados cada cuatro años,) que fueron rechazadas por Asupa y que, según la patronal, supondrían un incremento de costes del 12%, lo que, sumado a las mejoras en las que sí había habido acuerdo, supondría un encarecimiento, según Alimerka (la cadena hegemónica en la patronal), del 26% en cuatro años