La distribución del dinero europeo para compensar a los territorios que, como Asturias, sufrirán pérdidas significativas de actividad económica y de empleo con la llamada transición energética priman a países que, al contrario que España, mantendrán abiertas sus térmicas más allá de 2030 al haberse inclinado por hojas de ruta que dan más tiempo a los territorios con centrales eléctricas y minas para desarrollar alternativas. La apuesta del Gobierno español por una descarbonización más rápida y ambiciosa - "exprés", según los sectores críticos con ese diseño- queda sin peso en los criterios de reparto ante la influencia de grandes estados carboneros como Alemania y Polonia.
Las reglas que plantea la Comisión Europea que preside Úrsula Von der Leyen para distribuir los 7.500 millones con los que estará dotado el "fondo verde" entre 2021 y 2027 han hecho saltar los plomos en el Ministerio de Transición Ecológica de la ahora vicepresidenta Teresa Ribera y también en los despachos del Gobierno asturiano. Bruselas asigna en principo a España 307,4 millones para todo el período (4% del total) y a repartir entre varios regiones, Asturias incluida (la lista no está cerrada y podría ser de hasta seis comunidades). Teresa Ribera ha reaccionado con este comentario en una red social: "Los criterios empleados (...) son criticables. En la propuesta, su acceso (al dinero) no se condiciona al compromiso de neutralidad climática ni toma en consideración los esfuerzos actuales".
La vicepresidenta se queja así de que Bruselas no ha tenido en cuenta la ambición del compromiso de reducción de emisiones de CO2 asumido por España y del que es pieza clave la previsión de que ninguna térmica seguirá activa después de 2030. Es más, el anterior equipo del Ministerio de Transición Ecológica estaba convencido de que, por la deriva del mercado energético y la presión regulatoria, el carbón desaparecerá de la dieta eléctrica de los españoles algunos años antes de esa fecha de referencia.
La Comisión Europea ha dejado de lado la velocidad e intensidad de la descarbonización comprometidas por cada gobierno -a través de los denominados Planes Integrados de Energía y Clima- y da prioridad a criterios como los niveles de empleo que, en cada país y no región por región, tienen los sectores mineros e industriales concernidos por la reducción de emisiones de CO2. El resultado supone que casi dos tercios de los 7.500 millones del nuevo "fondo verde" (el 62,3%, 4.673 millones) se concentrarán en cinco países: Polonia, Alemania, Rumanía, República Checa y Bulgaria. En todos ellos el carbón conserva un peso relevante en la cobertura de la demanda eléctrica y todos han optado por rutas de descarbonización con velocidades más modestas que la española.
De acuerdo con un informe de las organizaciones ambientalistas Climate Action Network Europe y Sandbag y fundamentado en los planes remitidos por los gobiernos a la UE, los cinco países citados tendrán térmicas de carbón produciendo kilovatios y emitiendo CO2 años después de 2030, fecha en la que, de acuerdo con las expectativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el uso eléctrico de ese combustible habrá pasado a la historia en España y en Asturias.
El caso más diáfano es el de Polonia. El Plan de Energía y Clima que ha presentado el Gobierno del ultraconservador Mateusz Morawiecki y al que tuvo acceso este diario prevé que las centrales que usan carbones (hullas y lignitos) aún cubran en 2030 el 60% de la demanda eléctrica y que la actividad de parte de ellas se prolongue al menos hasta 2040. El esfuerzo por ahora apalabrado por Varsovia supone reducir un 15% la capacidad de su parque de térmicas en diez años (de 26,9 a 22,9 gigavatios). En ese mismo plazo, el plan español prevé prescindir del 100% de los 9,4 gigavatios de potencia en centrales de carbón que tiene por ahora el sector eléctrico nacional, una cuarta parte de ellos en Asturias. Polonia, que conserva más cien mil empleos en la minería del carbón, recibirá del "fondo verde" 2.000 millones, casi siete veces más que España y la cantidad más alta que permiten las reglas sugeridas por Bruselas.
El Gobierno español pretende ahora remover tales reglas durante las negociaciones que la Comisión mantendrá con el Europarlamento y con el Consejo Europeo. Desde Asturias, el Principado se adhirió a las posiciones de la ministra Teresa Ribera: "Tiene que venir más financiación, más fondos, porque las necesidades son mayores y porque el compromiso (de reducción de emisiones) es mayor y debe verse recompensando", dijo el consejero de Industria, Enrique Fernández. Su homólogo de Aragón, Arturo Aliaga, uso un tono más combativo: "La partida asignada a España (los 307 millones) es tremendamente injusta", dijo, y remarcó la "inquietud y desasosiego" que el anuncio ha provocado en las comarcas aragonesas más directamente afectadas por la descarbonización.
