José Luis Escrivá (Albacete, 1960) estuvo en Oviedo el 24 de septiembre del pasado año para conferenciar sobre la situación de la economía española. El entonces presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y hoy ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habló del sistema público de pensiones quitando dramatismo a sus dificultades financieras presentes y futuras. Lo reafirmó después en privado durante una cena en la que comentó algunas de las ideas que, junto a sus colaboradores de la Airef, había plasmado fechas antes en el informe titulado "Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social". Ese texto, ha explicado Escrivá ya como ministro, será la base de la política que intentará desplegar -y consensuar con el resto de partidos- para fortalecer las pensiones. Sobre su contenido pueden decirse, entre otras, dos cosas: que conlleva nuevos ajustes en la generosidad del sistema, aunque de menor hondura que los de otras propuestas políticas y académicas, y que resulta compatible con el programa electoral del PSOE, pero colisiona con el de Unidas Podemos.
El diagnóstico. La Seguridad Social se ha convertido en el agujero principal de las cuentas públicas españolas -el déficit del sistema se habrá acercado en 2019 a los 20.000 millones de euros, el 1,55% del PIB nacional-, pero tanto su desfase actual como la presión que soportará en el porvenir por razones demográficas (jubilación cercana de la generación del "baby boom", aumento de la esperanza de vida...) son "manejables" si se aplican los remedios que, bajo la dirección e inspiración del ahora ministro, ha sugerido la Autoridad Fiscal. El informe de la institución distingue entre actuaciones a corto plazo para cerrar el déficit del sistema y reformas para sujetarlo financieramente a largo plazo.
La mudanza del déficit. El agujero de la Seguridad Social, argumenta el informe, "tiene su origen en buena medida en la gravedad de la crisis iniciada en 2008 y su incidencia sobre el empleo". El déficit acumulado entonces al caer los ingresos en cotizaciones y perpetuarse el aumento del gasto en pensiones se habría enquistado como estructural pese a la fase de expansión económica iniciada en 2014. Bajo el mando del ahora ministro, la Autoridad Fiscal no propuso al Gobierno subir las cotizaciones o ajustar de inmediato el gasto, sino cambiar el déficit de sitio dentro del Estado. Lo defiende argumentando que ello reduciría la incertidumbre sobre el futuro del sistema y evitaría "distorsiones" en el comportamiento económico de cotizantes y pensionistas (niveles de consumo inferiores a los óptimos, por ejemplo).
¿Cómo y hacia dónde se trasladaría el agujero? Escrivá es partidario de reordenar los tipos de cotización sin subirlos, reduciendo la parte que se dedica a cubrir el riesgo de desempleo (7,05 puntos) y aumentando la destinada a contingencias comunes (28,3 puntos). La operación inyectaría 11.400 millones extra en las pensiones y dejaría agujero de 9.000 millones en los subsidios de paro que debería ser asumido por otra parte de la Administración. Escrivá también es partidario de dejar de pagar con cotizaciones los 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, los 2.000 millones que cuestan las bonificaciones para incentivar el empleo y 1.000 millones más de subvenciones "implícitas". En total, el informe plantea desplazar 17.400 millones de gasto que permitirían casi cerrar el déficit de la Seguridad Social. Aunque abriéndolo en otro lado.
El IPC, la edad y la vida laboral. El nuevo ministro aboga por profundizar en el camino que marcó en 2011 la reforma de las pensiones del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero: actuar sobre la edad de jubilación y sobre el cálculo de las pensiones del futuro, para contener el aumento del gasto derivado de la evolución demográfica y hacerlo compatible con una revalorizacación de las prestaciones alineada con el índice de precios al consumo (IPC). En este punto, el documento secundado por Escrivá en 2019 asume que aplicar un mecanismo como el que cuasi-congeló las pensiones hasta 2017 (subida del 0,25% anual) resulta "políticamente insostenible".
El Ministro ha confirmado en estos días su apuesta por elevar "la edad efectiva de jubilación". Aunque la edad legal esté en 65 años y diez meses (salvo para las carreras laborales más largas, que sigue en 65), como promedio los españoles se jubilan con menos de 63 años. Es así por el efecto de las jubilaciones anticipadas. El propósito de Escrivá es acercar esa edad efectiva a la edad legal, de forma que la primera se sitúe por encima de los 65 años a largo plazo. ¿Cómo? La vía más común es endurecer los retiros adelantados, elevando por ejemplo la merma de la pensión. Aquí se produce un primer choque con el programa de Unidas Podemos, que defiende la jubilación prematura sin penalización para quienes hayan cotizado al menos 35 años y de manera general para los trabajadores de ciertas profesiones precarias o penosas.
El otro roce con el socio de Gobierno de los socialistas puede estar en la fórmula de calcular la pensión. Escrivá se inclina por tener en cuenta las cotizaciones de toda la vida laboral, frente a los 23 años actuales (25 a partir de 2022). Ante tal propuesta, que en la mayoría de los casos tiende a reducir el importe de la pensión inicial, la formación de Pablo Iglesias defiende que los trabajadores puedan elegir libremente los años de computo para que sus ingresos sean mayores. Al estilo de Francia, donde la "reforma Macron" que cambia esa y otras reglas del sistema galo ha encendido las calles.
