El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, defendió esta mañana que los cursos formativos organizados por el sindicato, sobre los que la juez instructora ve indicios suficientes como para procesar a cuatro exdirigentes y dos antiguos técnicos por su uso fraudulento, "fueron impartidos, eso no está en discusión, los hemos justificado en base a lo que marcaban las convocatorias, están, por lo tanto avalados por los técnicos que conocen como se justificaban". Y añadió que: "Si hay algún problema administrativo que no encaje estamos abiertos. Aunque este es un tema estrictamente jurídico y los abogados están con él.".

La magistrada María Luisa Llaneza considera, tras un procedimiento que ha durado cuatro años, que los hechos investigados pueden ser constitutivos de cinco delitos de fraude de subvenciones y cifra en 1,46 millones el monto total de los costes irregularmente cargados a las arcas públicas a través de "diversos subterfugios". Fernández Lanero, de hecho, criticó lo que se ha dilatado el proceso para acabar en el mismo punto, dice. "Llevamos cuatro años de un proceso que empieza y termina en el mismo lugar tras un montón de investigaciones y de registros. Al final, estamos como el día que empezamos con nóminas que no tienen claro si valen o no valen, con facturas de alquileres que tampoco tienen claro si valen o no. Nosotros estamos dispuestos y esta es la oportunidad que tenemos si finalmente se decide abrir e juicio oral para defendernos", aseguró minutos antes de presentarle al presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, las propuestas de su sindicato para mejorar la industria asturiana.

"Llevamos cuatro años sin poder defendernos porque esto es un proceso que está en el ámbito jurídico, y ahora tendremos la oportunidad para defendernos y justificar lo que ya hemos justificado ante el Principado", resaltó. Descartó el líder de los ugetistas asturianas que se hubiera desviado ni un euro de aquellos fondos de formación hacia las cuentas del sindicato. "Se ha registrado el sindicato y no he visto que nadie haya concluido que del registro se hayan producido desvíos, ni nada. Es un problema administrativo de que parece ser que no tiene claro la UCO si las justificaciones de los cursos son válidas o no. Nosotros defendemos que sí que lo son porque está validadas por los técnicos del Principado", agregó.