La vicepresidenta Teresa Ribera pretende cargar sobre las espaldas de la industria el esfuerzo para incrementar la ambición en la lucha contra el cambio climático. El Gobierno ha actualizado el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 y ha elevado en dos puntos porcentuales, hasta el 23%, el objetivo final de reducción de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Sectores intensivos en emisiones como el del transporte o el de la generación eléctrica no tendrán que hacer mayores esfuerzos de los previstos. Para ellos el objetivo es ahora incluso menor. Sin embargo, al sector industrial, motor de la economía asturiana, se le exige ahora una mayor mitigación de emisiones en un momento en el que su competitividad está en declive por la presión exportadora de países con menores exigencias ambientales.
El presidente Pedro Sánchez ha situado la lucha contra el cambio climático entre las cinco grandes prioridades del nuevo Gobierno de coalición y para resaltar ese peso creciente le dio a la ministra para la Transición Ecológica una de las cuatro vicepresidencias del Gobierno, lo que ha roto definitivamente el difícil equilibrio entre los departamentos medioambientales y de industria. En su primera decisión como Vicepresidenta, Ribera impulsó la declaración de emergencia climática y ambiental aprobada el pasado martes en el consejo de ministros y anunció que durante los primeros cien días de Gobierno remitirá al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que obligará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero siguiendo la senda de descarbonización marcada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de sacar a información pública el estudio de evaluación ambiental estratégica del borrador actualizado del PNIEC 2021-2030. Se trata de una nueva versión que ha tenido en cuenta las alegaciones sobre el documento original -presentado hace un año-, que incluye nuevas medidas y que refuerza los objetivos. Lo más llamativo es que se eleva en dos puntos porcentuales el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta el 23% con respecto a los niveles de 1990. Ese mayor sacrificio no será repartido entre el conjunto de los sectores generadores de CO2.
La industria será obligada a hacer el mayor esfuerzo suplementario. En el borrador original del PNIEC se planteaba que el sector fabril llegara a 2030 con unas emisiones de 55,96 millones de toneladas de CO2 equivalente (33,53 millones de combustión y 22,43 millones de procesos) y en la nueva versión del plan ese objetivo se reduce a 50,48 millones (30,46 de combustión y 20,02 de procesos).
El recorte suplementario de CO2 que deberá afrontar la industria es de casi 5,48 millones de toneladas que saldrá, según el Ministerio para la Transición Ecológica, de cambios en los combustibles utilizados en los procesos de combustión, de mejoras en eficiencia energética y, a largo plazo, de avances tecnológicos. Por lo tanto serán necesarias nuevas inversiones de adaptación.
El ajuste tendrá efecto, sobre todo, en regiones como Asturias, donde se concretan grandes industrias de sectores intensivos en emisiones de CO2 como es el caso de siderúrgico, el químico o el cementero. Esas industrias, además, compiten en mercados internacionales frente a productores de países en los que las normativas medioambitales son menos estrictas, lo que les hace más competitivos en costes de producción. Por eso las asociaciones empresariales demandan a la UE ajustes medioambientales en frontera (aranceles para las importaciones) que equilibren el mercado en la UE y eviten la quiebra de la industria, una reclamación en la que coinciden con los gobiernos de Asturias y de España.
Los recortes de emisiones para la industria contrastan con el incremento de margen para otros sectores que también son grandes emisores. El mayor de todos ellos es el de los transportes. En el borrador inicial del PNIEC se planteaba que en ese sector las emisiones en 2030 fueran 57,69 millones de toneladas de CO2 y ahora con la revisión del plan ese listón se eleva hasta los 59,87 millones. También se sube el nivel para el sector de la generación de la energía eléctrica, al pasar de 19,65 a 20,60 millones de toneladas, pero en este caso hay que tener en cuenta que inicialmente ya era el sector al que más esfuerzo de reducción de emisiones se le exigía con respecto a 1990 y que ese recorte ya es notable con los cierres de centrales térmicas de carbón. El nuevo borrador del PNIEC destaca que nueve de las quince centrales térmicas de carbón existentes en la actualidad (cuatro en Asturias) no estarán "posiblemente" operativas en 2021 como resultado de las decisiones empresariales de no invertir en mejoras ambientales y que la previsión es que esas instalaciones dejen de ser competitivas en 2030 por el precio del CO2. Por lo tanto, el aumento del margen de emisiones beneficiaría exclusivamente a las centrales de ciclo combinado.
