El Gobierno regional exige al ejecutivo de Pedro Sánchez que sea "beligerante" en Europa para que se reconozca el esfuerzo en descarbonización de Asturias y la región pueda optar a más "fondos verdes" de la UE. "El actual reparto es insuficiente e injusto", afirmó Enrique Fernández, consejero de Industria, consciente de que el dinero que movilizará el "Pacto verde Europeo", más de un billón de euros, puede ser el combustible con el que impulsar y encarar una transición energética en Asturias que, aseguró, "es inevitable".

La exigencia de "beligerancia" fue el matiz de grado que, sobre posicionamientos anteriores, introdujo ayer Enrique Fernández a la hora de dirigirse al Gobierno central para que las políticas de descarbonización no supongan un lastre inasumible para la industria asturiana. En su apertura del pleno monográfico del parlamento regional para abordar la situación de la industria, Fernández también señaló, con la vista en el ejecutivo de Pedro Sánchez, que "desde la lealtad institucional" y "en defensa de los intereses de Asturias" es necesaria la aprobación inmediata "con todas las garantías jurídicas" del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, la ejecución del plan de la minería, la firma este año de los primeros convenios de transición justa, la aprobación de un Pacto de Estado por la Industria, el desarrollo de las infraestructuras (citó la conclusión de la Variante ferroviaria, la rebaja del peaje del Huerna, la autopista del mar, la puesta en marcha de la regasificadora o la construcción de líneas de transporte energéticos que garanticen la calidad del suministro a la industria) y la puesta en marcha en cooperación de la oficina "Asturias industrial" para captar inversiones. Además, para que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no deje de tenerlo en cuenta, el consejero de Industria afirmó que "el cierre de las centrales térmicas de carbón no puede salir gratis" a las compañías eléctricas que pretenden apagar las calderas de Lada y Soto de la Barca.

A la Unión Europa, además de un reparto "justo" de los "fondos verdes" -que sería respondido con una mayor "autoexigencia" en la búsqueda de proyectos a financiar- Fernández demandó el ajuste medioambiental en frontera para proteger a sectores como la siderurgia y que permita elevar la intensidad de las ayudas por los costes indirectos del CO2 que recibe la industria.

Todas esas medidas harían más fácil el tránsito hacia una economía baja en emisiones. "Empeñarse en mantener el actual modelo productivo sería perder el tiempo", insistió Fernández, que añadió que "el cambio de paradigma hay que encararlo sí o sí y cuanto antes mejor", y que es falso que haya que tener que elegir entre industria y sostenibilidad. "Son compatibles si logramos modernizar nuestro sistema productivo y utilizamos la ciencia, la innovación y la tecnología como aliados", aseguró el Consejero, que añadió que pese a la coyuntura actual, el Gobierno es "optimista" sobre las capacidades con que cuenta Asturias para desarrollar un sector secundario "aún más pujante" lo que requiere, advirtió, del apoyo "de todos" en el ámbito político, social y empresarial.

La oposición critica la falta de medidas y que no intervenga Barbón

El Gobierno regional pretende promover una ley de Industria para reducir cargas administrativas, potenciar el papel de los instrumentos de promoción industrial, poner en marcha un servicio de "aceleración de proyectos estratégicos" y, junto con el Ministerio de Industria, la oficina "Asturias industrial" para captar inversiones. Cuando aún está reciente la polémica sobre los vídeos de la FADE sobre las carencia de Asturias, Fernández afirmó que le preocupa la imagen exterior: "En nuestro escaparate debe de estar lo mejor de Asturias, mientras que en la trastienda hacemos los arreglos".

El consejero de Industria destacó la necesidad de alcanzar acuerdos en la Junta en defensa de la industria asturiana y para aprovechar las "oportunidades" de la transición energética "sin caer en la confrontación partidaria". En concreto planteó un total de ocho acuerdos generales que pasan por lograr esa unidad en torno a la defensa del sector, desarrollar la colaboración público-privada para adaptar la actividad productiva, apoyar a los sectores considerados estratégicos, atraer inversiones y retener talento, mejorar las infraestructuras de transporte y las telecomunicaciones, adaptar la formación a las necesidades de las empresas y poner en marcha un plan industrial para impulsar la productividad, sostenibilidad y modernización de la industria, un sector que supone el 19,7% del Valor Añadido Bruto de la economía asturiana y que mantiene 53.300 empleos.

Los grupos de la oposición criticaron la falta de medidas nuevas para proteger la industria y que no fuera el presidente Adrián Barbón quien defendiera la postura del Gobierno. "Todo son propuestas de grandes acuerdos y ni una medida concreta cuando nos estamos jugando la supervivencia de la industria", afirmó María Teresa Mallada, portavoz del PP. "No hay anuncios que inviten al optimismo", señaló Laura Pérez Macho, de Ciudadanos, que propuso la creación de un cluster de empresas de economía circular y un plan de suelo industrial. "Plantean un gran pacto para que todo siga igual", dijo Lorena Gil, de Podemos.