El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN), colectivo personado como acusación particular en el caso sobre el presunto fraude de UGT-Asturias con los fondos de formación, ha presentado escrito de acusación ante la juez instructora en el que pide penas de once años y seis meses de prisión para los principales procesados: el exsecretario general del sindicato en Asturias Justo Rodríguez Braga y los también antiguos miembros de la dirección Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio. Para otros tres implicados, OCAN pide penas de hasta seis años y seis meses.
El colectivo solicita así penas más duras que la Fiscalía, que en su escrito pidió diez años de prisión para los principales encausados por cinco delitos de defraudación de subvenciones por un monto total de 1,4 millones de euros. OCAN también pide para Braga, Menéndez y Díaz Cancio multas económicas por valor de 1,17 millones de euros. Alberto Suárez, abogado de OCAN, justificó la solicitud de penas más duras que el ministerio público al considerar mayor la responsabilidad de los tres exdirigentes de UGT en la gestión de las subvenciones directamente recibidas por el sindicato. La propia UGT está procesada como persona juridica, y OCAN pide para ella multa de 244.000 euros y la prohibición de recibir subvenciones públicas durante cuatro años.
Manuel Benayas, presidente de OCAN, organización vinculada a Podemos, pidió este miércoles que la Junta General del Principado reactive las investigaciones sobre el funcionamiento de los controles de la Administración asturiana a las subvenciones de formación. "Esta no es una causa general al sindicalismo, sino un proceso a una organización y a unas personas en cuyo comportamiento la instrucción judicial ha identificado indicios claros de delito", dijo Benayas, que presentó el contenido del escrito de acusación junto al abogado de OCAN, Alberto Suárez.
