El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN), colectivo personado como acusación particular en el caso sobre el presunto fraude de UGT-Asturias con los fondos de formación, ha formalizado ante la juez instructora la petición de penas de once años y seis meses de prisión para los principales procesados: el exsecretario general del sindicato en Asturias Justo Rodríguez Braga y los también antiguos dirigentes Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio. Para otros tres implicados, OCAN pide hasta seis años y seis meses.
El colectivo solicita así penas más duras que la Fiscalía, que ha pedido diez años de prisión para los principales encausados por cinco delitos de defraudación de subvenciones por un monto total de 1,4 millones de euros. OCAN también pide para Braga, Menéndez y Díaz Cancio multas por valor de 1,17 millones de euros para cada uno. Alberto Suárez, abogado de OCAN, justificó la solicitud de penas superiores a las planteadas por el fiscal al considerar mayor la responsabilidad de los exdirigentes de UGT en la gestión de los fondos directamente recibidos por el sindicato.
Manuel Benayas, presidente de OCAN, organización vinculada a Podemos, instó a que la Junta del Principado reactive las investigaciones sobre el funcionamiento de los controles de la Administración asturiana a las subvenciones de formación. "Esta no es una causa general al sindicalismo, sino un proceso a una organización y a unas personas en cuyo comportamiento la instrucción judicial ha identificado indicios claros de delito", dijo Benayas.
