"El reparto de los fondos de transición no está cerrado; trabajamos para cambiarlo"

-El problema del reto demográfico forma parte primera vez de las competencias de una vicepresidencia del Gobierno. ¿Qué supondrá eso para los territorios despoblados del país?

-Hay un compromiso por parte de la Conferencia de Presidentes de 2017 de lograr un Pacto de Estado para afrontar el reto demográfico con solvencia, garantizando que quien quiera pueda quedarse a vivir donde quiera y no tenga que emigrar. Esto ha hecho que el presidente Pedro Sánchez trabajara, a través del Alto Comisionado, en las directrices y en la estrategia que ya ha sido presentada y que es la base de nuestro esfuerzo en este momento. Ahora hay que acabar de asentar, identificar medidas específicas y buscar cómo profundizar y lograr que ese consenso se materialice en la próxima Conferencia de Presidentes. Vamos a coordinar toda la acción de Gobierno en cuestiones importantísimas como la despoblación, los desafíos derivados de la dispersión territorial o el progresivo envejecimiento de nuestra pirámide demográfica a través de una vicepresidencia y mediante medidas concretas que iremos desgranando y trabajando junto a los actores locales.

-En los próximos meses hay que desarrollar el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y la Comisión Europea se ha marcado como uno de sus objetivos la lucha contra la despoblación. ¿Cuáles serán las peticiones de España?

-La nueva Comisión Europea se ha comprometido a incorporar las variables sobre reto demográfico a los criterios que definan el próximo marco financiero. El Informe País 2019 del Semestre Europeo introdujo por primera vez entre los objetivos prioritarios para los Fondos Estructurales los problemas relativos a la despoblación y a las dificultades para la prestación de servicios en las áreas rurales. El objetivo es afrontar el reto demográfico transversalmente con todos los fondos estructurales - el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)—, y que así quede reflejado tanto en el Acuerdo de Asociación España con la UE como en los distintos programas operativos a escala regional. La próxima semana me reuniré en Madrid con la vicepresidenta de Democracia y Demografía de la Comisión, Dubravka Šuica, para abordar, entre otros, este asunto.

-Muchas localidad tienen serios problemas de conectividad en telefonía y televisión. ¿Cómo cabe esperar el asentamiento de empresas en el medio rural con esta desconexión en pleno siglo XXI?

-Es básico. Conectividad para los españoles que viven en el campo o en la montaña, en pueblos pequeños y medianos, jóvenes y mayores, que vivan del sector agropecuario o que se dediquen o quieran dedicarse a otras actividades, incluidas las más punteras y digitales. Es uno de los instrumentos facilitadores clave para acceder a formas nuevas de educación, servicios, generar riqueza, conectar canales de distribución y conocimiento. Es una de nuestras prioridades. Ya estamos trabajamos junto con la Vicepresidencia Tercera para dotar a las zonas blancas de la cobertura de internet y móvil necesaria, no sólo para el asentamiento de empresas, sino para garantizar una adecuada prestación de todo tipo de servicios básicos. Ese esfuerzo ya se está realizando, y se verá reflejado en próximos informes de cobertura. A finales de 2018, recordamos a las principales operadoras sus obligaciones para prestar servicios de banda ancha de hasta 30 megabits por segundo (Mbps) en los núcleos de menos de 5.000 habitantes, y estaremos atentos a que se cumpla este plan en 2020. En la última convocatoria del Plan de Extensión de Banda Ancha el número de núcleos rurales, de pequeñas dimensiones, a los que va a llegar la fibra óptica supuso un récord respecto a las convocatorias de años anteriores, aunque somos conscientes de que hay que seguir mejorando para garantizar cuanto antes la cobertura de 30 Mbps para toda la población.

-El Gobierno de España necesita el apoyo de grupos nacionalistas. ¿Pueden confiar los ciudadanos de la España vaciada en que habrá una discriminación positiva para sus territorios, teniendo en cuenta que los partidos que deben apoyarles reclamarán una mayor financiación?

-El Gobierno representa a todos los que han querido sumar, es plural, integra distintas sensibilidades progresistas y busca recortar la brecha que se ha ido generalizando a lo largo de décadas en las que nos olvidamos de asuntos importantes. El debate sobre la financiación de los servicios es fundamental: los servicios, las prestaciones, las inversiones en el territorio€ Nuestra intención es garantizar que, en el contexto de la revisión del marco financiero y en el contexto de la identificación de las prioridades de inversión, ésta es una de ellas. Porque recorta desigualdades y porque facilita oportunidades. Éste ha sido uno de los mensajes más importantes del Presidente y es algo que forma parte de nuestro compromiso. En el Parlamento es obvio que hay grupos políticos que representan distintas sensibilidades, pero también hay un marcado compromiso del resto de los grupos, partidos políticos de implantación nacional o de implantación regional que conocen, saben, sienten y están comprometidos con su tierra. Por tanto, no veo ningún problema ni ningún riesgo a tal efecto.

-¿Teme que las pequeñas provincias sigan el ejemplo de Teruel y den la espalda a los partidos tradicionales para pelear por sus propios objetivos?

-En una democracia, nunca podemos temer que la sociedad se organice y busque los cauces políticos que considere necesarios para alcanzar los objetivos deseados. Pero creo que lo importante es facilitar opciones para el conjunto del país, y no entrar en una competencia de banderas o localismos. Es fundamental recuperar equilibrios de forma inclusiva, con una visión respetuosa de cada rincón de España, y asegurar que cada uno pueda desarrollar sus proyectos personales, familiares y profesionales en el lugar del territorio que quiera.

-Hay pueblos en España en riesgo de desaparición. ¿Tiene un plan el Gobierno para estas situaciones?

-Trabajamos con las comunidades autónomas y entidades locales, que son esenciales en la prestación de los servicios básicos, y también a través de la acción público-privada, para garantizar la calidad de vida de las personas y la generación de oportunidades, aprovechando los recursos endógenos, y siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de las sociedades y los territorios. Ni el tamaño de los núcleos, ni la pérdida demográfica, ni la baja densidad de población en esos pueblos pueden limitar los derechos.

-¿Qué proyectos va a impulsar el Gobierno para compensar el cierre de las térmicas?

-En el centro de nuestra concepción de la transición ecológica están las personas, y el no dejar a nadie atrás en este proceso. En el tiempo por venir se abren muchas oportunidades y es importante orientarlas hacia los territorios que, hasta ahora y con muchos esfuerzos, tanto han aportado al crecimiento del país. Hemos trabajado desde el primero momento bajo esta premisa y ya contamos con algunos instrumentos.

-¿Cuáles?

-Entre ellos, los convenios de transición justa, que estamos trabajando zona por zona para generar proyectos que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo. Proyectos vinculados con la transición ecológica, como desarrollos de energía renovable, el autoconsumo, la digitalización o las nuevas formas de movilidad; proyectos vinculados a la gestión del territorio como pueden ser los aprovechamientos forestales o turísticos; o proyectos que favorezcan el emprendimiento local aprovechando el potencial de la conectividad y explorando "hubs". También es importante centrar la acción en la formación de capacidades o en facilitar experiencias formativas y profesionales para jóvenes en el ámbito rural. Conocer la realidad de las zonas y crear vínculos con ella ayuda a impulsar creatividad, ideas y nuevas visiones. Habrá quien decida quedarse y habrá quien decida seguir su camino profesional en otro lugar, pero probablemente manteniendo conexión con el territorio. No se trata de que el Gobierno plantee y ejecute estas iniciativas. Al contrario, en el marco de los convenios, ya estamos abriendo procesos de participación con los agentes presentes en el territorio para que, entre todos, identifiquemos las mejores alternativas para cada comarca. En este proceso, estamos colaborando con las entidades locales y, de hecho, estamos a punto de lanzar una convocatoria para que los ayuntamientos donde se han producido cierres puedan también impulsar sus propios proyectos. Y estamos hablando con las empresas para conocer qué planes de reactivación proponen las zonas.

-¿No le parece escaso que España solo se lleve 307 millones de euros de los 7.500 disponibles de la UE para el fondo de transición energética en el periodo 2021-2027?

-Que exista un fondo europeo es una buena noticia pero los criterios de reparto son criticables. Entre otras cuestiones, la propuesta no condiciona que el acceso a los fondos esté vinculado a un compromiso con la neutralidad climática y tampoco toma en consideración los esfuerzos que está realizando cada país. No es una propuesta cerrada y trabajaremos con la Unión Europea para lograr un reparto más equitativo, incorporando nuevos criterios y reforzando otros. Factores como el PIB, el nivel de desempleo o el esfuerzo en descarbonización tienen que estar presentes en la decisión.