Los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica presentaron ayer a la patronal y a las federaciones de Industria de CCOO y UGT el contenido Estatuto del Consumidor Electrointensivo (ECEI) que este lunes iniciará sus trámites administrativos para, previsiblemente, llegar a la mesa del Consejo de Ministros a principios de marzo, previo paso por el Consejo de Estado. Se trata del marco legal para rebajar la luz a la gran industria, clave en Asturias para el futuro de las plantas de ArcelorMittal, Azsa y Alu Ibérica (antes Alcoa). La propuesta del Gobierno supone que la industria se ahorraría unos 264 millones de euros en la factura energética en 2020.

El Ministerio de Industria, que ha liderado la confección del ECEI, ha previsto tres mecanismos de apoyo para los grandes consumidores de energía y abaratar su factura eléctrica. Por un lado, se les devolverá 172 millones de euros como compensación por los costes indirectos de CO2 incluidos en la factura, aunque no descartan que esta cantidad pueda ser superior. Esta ayuda ya existía. Además, les compensará con 90 millones para resarcirles de los cargos destinados a financiar las energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el coste extra que suponen los territorios insulares, hasta un máximo del 85 por ciento de lo que paguen en su factura por estos cargos que abonará el Ministerio de Industria. En tercer lugar, el Ministerio creará un mecanismo de cobertura de los acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) que financiará la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Además, el Ministerio aligerará los requisitos y garantías actuales para que cada Consumidor Electrointensivo (CEI) pueda contratar con mayor facilidad compraventas bilaterales de energía a largo plazo con proyectos de generación de electricidad renovable (PPAs) por al menos cinco años, lo que redundaría en el abaratamiento de los precios y les permitiría prever inversiones con mayor certidumbre.

Con el estatuto electrointensivo, el primero de la historia en España, el Ministerio de Industria confía en crear un marco riguroso, estable y adaptado a las normas de la Comisión Europea, que permita a las empresas electrointensivas españolas competir con sus rivales franceses y alemanes. "No queremos parches, sino algo sostenible", afirman fuentes del Ministerio.