La industria electrointensiva es un motor fundamental de la economía española, con un papel clave en esta transición climática y energética que supone un imperativo ético y una oportunidad a la que debemos adaptar nuestra forma de producir y consumir para proteger la vida y el planeta, ahora y para las generaciones venideras. Porque alcanzar con éxito una economía descarbonizada será un logro del que nos beneficiaremos todos, pero en este complejo proceso es fundamental que nadie se vea apartado, que seamos conscientes de que deberá ser una transición justa para todos, también para la industria electrointesiva que necesita que la política energética y la industrial vayan de la mano, bien coordinadas.
El reto de la transformación energética e industrial que abordamos es enorme y en ella la siderurgia, metalurgia, gases industriales, química y otras? es decir, la industria básica electrointensiva continuará trabajando para mejorar su eficiencia energética y su reducción de emisiones y, muy importante, apoyando la integración de las renovables, además de seguir profundizando y optimizando sus procesos industriales, invirtiendo en innovación y en digitalización, -porque el camino hacia una economía descarbonizada supondrá fuertes inversiones que precisarán de materiales básicos, que son precisamente los que la industria básica produce-, y también en nuevas tecnologías como el secuestro de carbono o el almacenamiento de energía o de hidrógeno.
La contribución de nuestras industrias es fundamental para el desarrollo de estos ambiciosos planes en ciernes, pero los industriales electrointensivos pagamos la electricidad mucho más cara -hasta 20 o 25 por MWh según estudio Monitor Deloitte 2019- que nuestros competidores de Francia o de Alemania y eso supone una enorme desventaja. La competitividad de la industria básica que produce en España está comprometida por ese diferencial en su factura eléctrica, un problema de gran magnitud dada nuestra extrema sensibilidad al coste eléctrico.
Nuestras industrias, además de su gran aportación al PIB, mantienen empleo estable y de calidad, exportan, generan riqueza para el país y especialmente en las zonas donde estamos implantados, como en el caso de Asturias. Y nuestro patrón de consumo eléctrico favorece la integración de las energías renovables, una cuestión fundamental ahora que el Plan Integrado de Energía y Clima PNIEC (2021-2030) prevé para esta década la integración de grandes contingentes de energías renovables no gestionables que, junto al cierre de parte del parque de generación térmica, hará indispensable la contribución de la industria electrointensiva cuya gestión de la demanda aportará la flexibilidad necesaria para lograr el éxito de esa integración.
No vamos a hablar de la retribución al servicio de interrumpibilidad, que en el pasado sirvió para paliar en parte el diferencial de precio eléctrico y que para 2020 es tan mínima que o se aprueba ya el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, con medidas y presupuesto como las que ya disfrutan nuestros competidores europeos, o entraremos en una situación realmente crítica.
Desde AEGE defendemos que el Estatuto debe incluir medidas acordes con las normativas comunitarias iguales a las que disfrutan desde hace tiempo nuestros competidores europeos, como la compensación de los cargos de financiación de las energías renovables, la exención de los peajes del transporte eléctrico, promoción de contratos PPAs con renovable a precios competitivos y con garantías del Estado, etc., además de la compensación del CO2 indirecto autorizada por la Comisión Europea. El impacto de estas medidas debe reducir sustancialmente el diferencial de 20-25 euros por MWh, dando certidumbre y seguridad jurídica a nuestra industria.
Nuestro objetivo ha sido y será lograr un precio eléctrico competitivo, estable y predecible, similar al de los electrointensivos alemanes o franceses, para mantener inversiones, actividad y empleo estable y de calidad. Para alcanzarlo son claves el Estatuto y la hoja de ruta que lo desarrolle.
