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Despachos y fondos de inversión instan a los ganaderos a demandar al cártel lácteo

El sector celebra reuniones en varias zonas de Asturias para evaluar acciones si los tribunales ratifican la multa de Competencia a la industria

Vacas en una explotación láctea asturiana. JUAN PLAZA

Despachos de abogados de varias regiones y fondos de inversión mantienen reuniones con ganaderos lácteos de diversas comunidades -y desde la semana pasada también en Asturias- para aglutinar posibles demandas contra la industria lechera si finalmente la Audiencia Nacional y en su caso el Tribunal Supremo confirmasen mediante sentencia la sanción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMVC) impuso en julio por un importe de 80,6 millones a diez empresas y asociaciones sectoriales (entre ellas, Capsa) por supuesta concertación de precios a la baja en la remuneración en origen de la lucha cruda de vaca a los productores entre los años 2000 y 2013 y otras presuntas prácticas lesivas de la libre competencia, como el intercambio de información y el reparto de rutas de recogida, todas ellas constitutivas, según la CNMC de una infracción grave. Las empresas negaron los hechos y recurrieron la multa. Una sanción anterior, de 2015, por los mismo hechos fue anulada por la Audiencia Nacional por "irregularidad procedimental".

Ahora, despachos jurídicos y algunos fondos están intentando aglutinar a ganaderos afectados para -si los tribunales ratificasen la existencia de tales prácticas- plantear recursos judiciales individuales en reclamación del resarcimiento de daños y lucro cesante por importes que estiman que podría llegar a ser de 3 céntimos de euros por litro, lo que arrojaría cuantías muy elevadas.

En Asturias se han producido reuniones en varias zonas (ayer hubo otra) y se anuncian algunas más. En algunos casos se trata de convocatorias informativas y con exclusivo propósito de asesoramiento realizadas por organizaciones campesinas y en las que éstas no tomarán ninguna iniciativa, que quedará reservada a la decisión de cada ganadero, confirmaron responsables de varios sindicatos agrarios, cuyas posiciones sobre el caso tampoco son homogéneas. En otros casos, son acciones promovidas directamente por despachos y fondos. Los primeros están ofreciendo sus servicios a cambio del 10% o el 30% de lo que se pudiera obtener en el futuro mientras que los fondos están proponiendo, según se aseguró en varias de las reuniones, la adquisición de los derechos de reclamación a cambio de una cuantía segura para el ganadero pero inferior a la que se estima que pudiera obtenerse si los tribunales diesen la razón a la CNMC y si después la Justicia también diese por buena la estimación del perjuicio económico planteado por estos agentes. Algunos solicitan entregas de dinero para gastos y otros no.

El proceso, que -salvo una sentencia de la Audiencia Nacional favorable a la industria y en contra de la CNMC- se prolongaría durante mucho tiempo, está suscitando inquietud y preocupación entre los ganaderos, dijeron varios dirigentes campesinos consultados. Hay dudas sobre las propuestas que se están recibiendo y existe la cautela sobre las consecuencias futuras para el sector si, de seguir adelante, la resultante final fuese favorable a los ganaderos.

Algunos despachos defienden que todos los ganaderos podrían emprender acciones y no sólo los suministradores de las empresas sancionadas (Capsa, Danone, Nestlé, Lactalis y su actual filial Puleva, Schreiber Food, además del Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, Asociación de Empresas de Galicia y Central Lechera de Galicia), dado que se habría visto afectado -alegan- el nivel general de precios en el sector primario. El supuesto perjuicio de tres céntimos por litro lo estiman los letrados como diferencia entre el precio medio de la leche en Europa y en España entre 2000 y 2013. Si esta estimación fuese corroborada judicialmente (hay quien sostiene que cada caso deberá ser tratado individualmente por la disparidad de supuestos, precios y circunstancias) y si todos los ganaderos españoles plantearan demandas, las reclamaciones podrían superar los 2.340 millones (más de 210 millones en Asturias con los volúmenes actuales de producción), lo que podría poner en riesgo algunas industrias, señalan los sectores ganaderos más cautelosos.

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