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Luz verde a la creación de dos tributos

Los fondos de miles de ahorradores asturianos, expuestos a la "tasa Tobin"

Hacienda niega que el nuevo impuesto a la compra de acciones afecte a los usuarios, pero la patronal Inverco asegura que habrá repercusión

Los fondos de miles de ahorradores asturianos, expuestos a la "tasa Tobin"

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a los proyectos para crear dos nuevos tributos en España: el impuesto sobre determinados servicios digitales o "tasa Google", que gravará ciertas actividades de las multinacionales del negocio digital, y el impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como "tasa Tobin", concebido para gravar a los intermediarios que intervienen en la compraventa de acciones cotizadas en el mercado bursátil . La tramitación de ambos proyectos arranca acompañada de incertidumbres en torno a su eficacia recaudatoria y, en el caso de la "tasa Tobin", de controversia acerca de quién soportará al final la nueva carga. Según las instituciones de inversión colectiva, los ahorradores que tienen fondos de inversión y de pensiones están expuestos a sufrir menoscabo económico. Según el Gobierno, no tiene porque ocurrir así necesariamente.

La situación concierne a decenas de miles de asturianos que tienen fondos de inversión y de pensiones con exposición a la Bolsa. En concreto, a aquellos con dinero colocado en productos denominados mixtos -cuyos gestores invierten parte en renta fija y parte en renta variable- y los llamados variables puros. Los estudios de la patronal Inverco muestran que el 60% de los más de 6.000 millones que los asturianos tienen invertido en los citados fondos lo están en las citadas categorías.

El impuesto cuya creación aprobó ayer el Gobierno supone aplicar un tipo del 0,2% sobre el precio de la contraprestación que reciben los intermediarios al comprar acciones por cuenta propia o para un tercero, siempre que se trate de empresas españolas y con un valor bursátil superior a mil millones de euros. En ese perfil encajan, por ejemplo, casi todos los grupos cotizados del Ibex 35, con excepción de IAG, que tiene su sede en Londres; ArcelorMittal, que la tiene en Luxemburgo, y Ence, cuya capitalización está, al menos transitoriamente, en menos de mil millones. La recaudación estimada por el Gobierno es de 850 millones anuales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó el gravamen, entre otras razones, como una especie de compensación por las ayudas públicas recibidas por los bancos -por las antiguas cajas de ahorros, principalmente- y afirmó que ni este impuesto ni la "tasa Google" " tienen por qué repercutir en ningún tipo de servicio final". "De ninguna manera tendría que repercutir en el usuario final", reiteró a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros.

La opinión de la patronal española de las instituciones de inversión colectiva, Inverco, es distinta. "Dado que esta tasa va a gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por intermediarios bursátiles, la aprobación de este impuesto afectará tanto a partícipes de fondos de inversión como de pensiones", afirmó a consultas de este diario Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. Añadió que la repercusión en el usuario no se produciría a través de las comisiones que cobran las gestoras de fondos (las de los bancos, por ejemplo), sino que será aplicada por los intermediarios que hacen las compras bursátiles por encargo de los fondos "como un mayor valor de compra de las acciones". "Afectará de igual forma a inversores grandes y pequeños", concluyó Martínez-Aldama. Un estudio de Inverco sostiene que, de acuerdo con los datos actuales de contratación de acciones españolas, el patrimonio de los fondos de inversión podría verse reducido el 8% en 25 años por el efecto del tributo.

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