20 de febrero de 2020
20.02.2020

FADE se une a la petición de prioridad para empresas como Arcelor, Azsa y Alu Ibérica

El estatuto no aporta la "predictibilidad y seguridad" que necesitan las plantas industriales, argumenta la patronal en sus alegaciones

20.02.2020 | 21:34
FADE se une a la petición de prioridad para empresas como Arcelor, Azsa y Alu Ibérica

La patronal asturiana FADE presentó ayer sus propias alegaciones al estatuto electrointensivo, al igual que han hecho otras organizaciones y numerosas empresas individuales. En línea con los gobiernos regionales de Asturias, Galicia y Cantabria, FADE apela a la necesidad de definir la figura del consumidor "altamente electrointensivo" para posibilitar que la industria que reúna esas características obtenga en la factura energétiaca una mayor rebaja de la prevista en proyecto del Gobierno.

En dicha categoría se situarían las empresas afectadas tanto por la intensidad de consumo como por estar muy expuestas a la competencia internacional y que no pueden repercutir dicho coste en sus precios de venta sin una pérdida significativa de mercado. En ese  caso estarían ArcelorMittal, Azsa y Alu Ibérica (antigua Alcoa). FADE también defiende elevar las compensaciones por costes indirectos de CO2 al máximo legal y establecer bonificaciones en los impuestos, cargos y peajes que forman parte de los costes regulados de la factura.

"FADE considera totalmente insuficiente la intensidad de la ayuda planteada, en parte porque no se aprovechan todos los instrumentos ni con toda la intensidad posible, muchos de los cuales sí son aplicados en países europeos competidores", subrayó la patronal en un comunicado.

La organización que preside Belarmino Feito también cuestiona el "modelo de compensación" elegido por el Gobierno, a través de subvenciones que quedan sujetas a los Presupuestos Generales del Estado y con ello a la negociación política: "Este sistema no responde a las características exigibles de predictibilidad y seguridad. Es preciso que el estatuto proporcione seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales".

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