En la industria asturiana hay alta tensión. Las grandes fábricas del Principado intensivas en consumo de electricidad, de las que dependen más de 20.000 empleos, llegaron a recibir en la última década compensaciones de hasta 146 millones de euros al año que ayudaban a reducir la factura eléctrica y mejorar la competitividad en los mercados internacionales en los que operan. Ahora, de aprobarse definitivamente el estatuto del consumidor electrointensivo tal como lo plantea el Ministerio de Industria, las compensaciones se quedarían en unos 34 millones, cuatro veces menos. Por eso han saltado las alarmas en la industria y han despertado al Gobierno del Principado, que pasó de dudar si planteaba alegaciones al documento a presentar prácticamente una enmienda a la totalidad.
La industria electrointensiva es aquella cuyo principal factor de producción (que no el único) es la electricidad. Para estas industrias el coste del suministro resulta especialmente crítico cuando compiten a nivel global y las españolas parten con clara desventaja. España, que está considerada una isla energética por sus escasas interconexiones, tiene uno de los precios de mercado mayorista de electricidad más altos de Europa y, además, otros países de la UE otorgan compensaciones y exenciones fiscales a sus industrias para que rebajen su factura energética y sean más competitivas en el exterior, con lo que la brecha de los costes crece. En ese contexto desfavorable es en el que compite la industria asturiana que "tiene la singularidad de ser altamente electrointensiva y de estar expuesta a competencia internacional por la cuota de mercado que tiene en Europa la siderurgia, destaca Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
La interrumpibilidad. La industria electrointensiva española limaba el diferencial de costes con sus competidores europeos prestando el servicio de interrumpibilidad, una herramienta de gestión por la cual los grandes consumidores de electricidad están dispuestos a desconectarse de la red en caso de necesidad del sistema a cambio de una retribución que se financia a través de la factura que pagan todos los españoles. Las condiciones para ser consumidores interrumpibles las cumplen poco más de un centenar de factorías industriales (118 el pasado año) de las cuales sólo seis están en Asturias. Sin embargo esas factorías del Principado acaparan casi el 20% del consumo energético, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Son fábricas hiperelectrointensivas. Entre 2002 y 2017 el centenar de consumidores interrumpibles recibieron una media de más de 500 millones de euros. Desde 2014 el reparto se hace por medio de una subasta que gestiona Red Eléctrica de España y el resultado por empresas es confidencial. Los últimos datos publicados corresponden a las liquidaciones de 2014. Ese año se adjudicaron retribuciones de 550 millones de euros y las seis industrias asturianas obtuvieron 146 millones. En concreto Asturiana de Zinc recibió 60,21 millones euros para su planta de San Juan de Nieva; ArcelorMittal 49,10 millones para las factorías siderúrgicas de Avilés y Gijón; Alcoa 33,01 millones para la fábrica de aluminio de Avilés (actualmente en manos de Alu Ibérica); Tudela Veguín 1,75 millones para la cementera de Aboño; Ence 1,08 millones para la papelera de Navia y Praxair (actualmente Nippon Gases) 1,02 millones para su planta de gases industriales de Avilés. En las subastas de interrumpibilidad celebradas hasta 2019 se ofertaban bloques de 40 MW (a los que sólo tenía capacidad de optar los hiperconsumidores y era una garantía para que Azsa, Arcelor o Alcoa consiguieran retribuciones) y de 5 MW. A partir de 2018, la potencia interrumpible comenzó a reducirse y en la puja para el primer semestre de 2020 se eliminaron los bloques de 40 MW. El Ministerio para la Transición Ecológica aseguró que fue la Comisión Europea quien forzó los cambios para que no saltaran las sospechas de ayudas de Estado. El resultado fue una competencia feroz entre grandes y medianas empresas por una menguada potencia interrumpible que hizo que la retribución total se hundiera a 4,38 millones. Además, inicialmente el operador del sistema eléctrico sólo activaba el servicio de interrumpibilidad para garantizar el suministro, pero en los últimos años se introdujo también el criterio económico (que no se dispare el precio la electricidad), con lo que se han incrementado las paradas. "La gran industria se quedó fuera de la última subasta porque una retribución baja no compensa el coste operativo de la parada de una gran factoría. Hemos perdido la interrumpibilidad", explicó Andrés Barceló, secretario general de la patronal siderúrgica Unesid. Los que más energía consumen, los hiperelectrointensivos, donde Asturias tiene peso, han perdido el principal respaldo.
La compensación por CO 2 . La industria electrointensiva tiene reducciones de hasta el 85% en la base imponible del impuesto especial sobre la electricidad y se beneficia de otro mecanismo como es la compensación de costes por emisiones indirectas de CO2. En 2018 esas ayudas fueron de 83,8 millones y en 2019 el Gobierno las elevó a 172,23, de los que 31,2 fueron para industrias asturianas: 14,05 millones para Azsa, 10,50 para Arcelor, 6,3 para Alu Iberia, 249.637 euros para Fertiberia y 74.233 para Química del Nalón.
El estatuto. Las compensaciones por CO2 son incluidas como una medida más dentro del estatuto del consumidor electrointensivo, el documento que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció hace año y medio y que este mes ha salido a información pública. En un principio se mantiene para este año la cuantía de 172 millones para el CO2 aunque el director general de Industria, Raül Blanco, aseguró que "hay voluntad" de elevarla. La segunda medida incluida en el estatuto, la más novedosa, es la compensación por financiación de renovables, cogeneración y extracostes de territorios insulares, con un impacto previsto de 91,8 millones anuales pero con un reparto que perjudica a las grandes industrias electrointensivas. Frente al centenar de empresas que se benefician de la interrumpibilidad, a las medidas del estatuto tendrán acceso un total de 612 empresas ya que se ha rebajado el listón de acceso a un consumo anual de 1 MWh al año. La ayuda media para estas empresas será de 2,25 euros por MWh, pero para los mayores consumidores (los que están en la tarifa 6.4, como Azsa, Arcelor o Alu Ibérica) la rebaja se queda en 0,54 euros. Las medias del estatuto se completan con una cobertura pública de los contratos bilaterales a largo plazo de suministro con renovables entre eléctricas e industrias, que según el Ministerio de Industria podría ayudar a reducir la tarifa entre 10 y 12 euros por megavatio. "Es una medida que no tendrá efectos a corto plazo en el precio de la luz porque no impone ninguna obligación a las eléctricas y en estos momentos las ofertas que hay no bajan de 40 euros el MW, que es el precio de mercado", apuntó Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).
Las compensaciones. Si los contratos bilaterales no tienen efectos a corto plazo y se repite el esquema de pagos por el CO2, las compensaciones para la gran industria asturiana rondarán los 34,3 millones de euros anuales. Es el resultados de sumar a los 31,2 millones de las compensaciones de CO2 de 2019 los 3,1 millones que se podrían obtener de las compensaciones de renovables, cogeneración e insularidad, ya que la gran industria interrumpible asturiana tiene un consumo anual de más de 5,7 millones de MWh (según datos de la CNMC correspondientes a 2017, cuando Alcoa aún tenía operativas las series de electrólisis) y si se multiplican por 0,54 (el nivel de apoyo por megavatio previsto por Industria para los mayores consumidores) se obtiene esa cantidad. La compensación de 34,4 millones es cuatro veces inferior a los 146 millones que llegó a obtener con la interrumpibilidad la industria asturiana. "Teníamos un instrumento, como era la interrumpililidad, que no se sustituye por nada", dijo Andrés Barceló, de Unesid.
El diferencial. Según los datos que maneja AEGE, y que las Ministra de Industria, Reyes Maroto, ha tomado como referencia en muchas ocasiones, el precio medio del MWh en España en el mercado mayorista es de 39,3 euros frente a los 33,5 de Francia y los 30,2 de Alemania. Sin embargo, en precio final esa brecha crece por las compensaciones que se aplican en esos países competidores y que incluyen mecanismos de reducción de cargos y exenciones fiscales. Según FADE, con las medias del estatuto la brecha se mantendría en 15 euros y AEGE eleva la horquilla por encima de 16 euros. Por su parte, la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destaca que la penetración de renovables hará que baje el precio de la luz en el mercado mayorista ("en el mercado de futuros ya se está descontando la apuesta", destacó esta semana en el Congreso) y confía en el efectos de los contratos a lago plazo.
Las alegaciones. Los gobiernos de Asturias, Galicia y Cantabria, la patronal FADE, buena parte de las patronales sectoriales de la industria, empresas como ArcelorMittal o Alu Ibérica, UGT y CC OO han presentado alegaciones al estatuto. En casi todas se reclama nuevas compensaciones, elevar al máximo las ayudas por CO2 (hasta 300 millones), imponer obligaciones a las eléctricas en los contratos a largo plazo y, sobre todo, reconocer la figura del consumidor hiperelectrointensivo para dotarlo de más apoyos. Una reclamación que, según el director general de Industria, Raül Blanco, tiene poco recorrido porque "es una cuestión ya muy negociada con la CE, que no admite ningún elemento que genere discriminación dentro de un mismo sector". Sin embargo, las asociaciones empresariales piden al Ministerio que mire al país vecino. En Francia hay exenciones limitadas a las empresas hiperelectrointensivas. La medida fue notificada como ayuda de Estado a la CE en 2013 y autorizada en 2018. Lo cita la propia memoria que acompaña al polémico anteproyecto del estatuto.
