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La factura del IBI marca otro récord en Asturias y la de la plusvalía baja el 35%

Los concejos ingresan 15 millones menos tras la inconstitucionalidad parcial del tributo que grava el incremento del valor del suelo urbano

La factura del IBI marca otro récord en Asturias y la de la plusvalía baja el 35%

Los ayuntamientos asturianos ingresan ya más de 260 millones anuales por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, según indican los datos de 2018 recién divulgados por el Ministerio de Hacienda. Tal resultado supone un nuevo máximo histórico que confirma al citado tributo como sostén principal de las arcas locales y también como amortiguador de la caída observada en la recaudación de la llamada plusvalía municipal tras las sentencias que en 2017 determinaron la inconstitucionalidad parcial de su regulación, sin que hasta la fecha ésta se haya suplido por una normativa nueva.

Los datos de Hacienda muestran que el conjunto de los ingresos tributarios de los ayuntamientos asturianos (impuestos directos e indirectos y tasas) crecieron mínimamente (0,17%) en 2018 respecto a 2017. No obstante, en el comportamiento de las distintas figuras se observan singularidades.

IBI. La recaudación del IBI urbano reportó a los 78 ayuntamientos de la región 261,7 millones de euros -en términos derechos de cobro netos-, casi diez millones más (4%) en un año. El de 2018 fue así el primer ejercicio en que se superó la barrera de los 260 millones, probablemente por el impacto de las actualizaciones de los valores catastrales que forman la base imponible del tributo. Numerosos concejos asturianos habían actualizado sus catastros en los años anteriores, proceso que por lo común conllevan aumentos de valor que por ley entran en vigor de manera escalonada durante un período de diez años. El resultado de 2018 también puede reflejar los efectos de las inspecciones masivas que realizó el Fisco para identificar inmuebles o partes de ellos por los que no se tributaba. Ninguno de los grandes concejos subió los tipos de gravamen en 2018.

Plusvalía. Los ayuntamientos asturianos registraron un súbito descenso en los ingresos del técnicamente denominado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que grava, entre otros, a quienes venden o heredan viviendas usadas. La más conocida como plusvalía municipal reportó a los consistorios 28,4 millones en 2018, 15,1 millones menos que un año antes. Siendo el contexto en 2018 de recuperación de las compraventas inmobiliarias, tal desplome de la recaudación (-34,7%) sólo se explica por los efectos de la litigiosidad administrativa y judicial que siguió a la sentencia de junio de 2017 que declaró parcialmente inconstitucionales las reglas del tributo. Concretamente, en la medida en que la fórmula de cálculo de la base imponible conduce a que existe aumento del valor del suelo en todos los casos, incluso cuando se produce una venta en pérdidas. La cascada de sentencias favorables a los contribuyentes en los tribunales ordinarios ha movido al menos a parte de los ayuntamientos a dejar de cobrar el impuesto cuando se acredita con las escrituras que la plusvalía no es real.

ICO. El agujero en la recaudación de ese tributo quedó amortiguado, además de con la mejora de los ingresos del IBI, con los correspondientes al impuesto sobre construcciones y obras (ICO). El repunte en la promoción y rehabilitación de viviendas favoreció que los concejos obtuvieran 18,1 millones de euros por ese gravamen en 2018, el 47% más que durante el ejercicio precedente. Esos ingresos siguen muy alejados de los que se producía una década atrás, en lo más alto de la última burbuja inmobiliaria (54,7 millones en 2008).

IAE. Como el ICO, el impuesto sobre actividades económicas (IAE) que financia a las entidades locales está conectado al dinamismo de los negocios. Su recaudación fue de 42,2 millones en 2018, el 12,8% más interanual. Este tributo lo pagan las empresas que facturan más de un millón de euros. Presumiblemente, el incremento de los ingresos guarda relación con un aumento en el número de compañías que rebasaron ese nivel de negocio.

V iñeta. El impuesto sobre la circulación de vehículos ha mantenido en los años recientes niveles de recaudación más estables que los de otros tributos de competencia municipal. La recaudación en 2018 fue de 48,8 millones. En ese año, el Ente Público de Servicios de Tributarios del Principado, al que tienen encomendada la recaudación casi todos los ayuntamientos, pasó al cobro más de 570.000 recibos de la viñeta. Salvo Langreo, el resto de los principales ayuntamientos había congelado las tarifas del tributo.

Casi tres años de litigios e indefensión pese al mandato del Constitucional a los legisladores

El próximo 11 de mayo se cumplirán tres años desde que el Tribunal Constitucional falló que la regulación del impuesto municipal de plusvalía es contrario a la Carta Magna en la medida en que se gravan situaciones en las que el aumento del valor del suelo no es real. Por ejemplo, cuando alguien vende un piso -y con él la porción de suelo urbano asociada- en pérdidas, algo muy frecuente durante la crisis económica. En realidad, la inconstitucionalidad de la norma era conocida desde el 16 de febrero de 2017, cuando la alta magistratura tomó la misma decisión sobre la norma foral de Guizpúzcoa, idéntica a la estatal. Ambas sentencias, al igual que otra sobre Navarra, anulaban parcialmente las normas en litigio y conminaban a los legisladores a modificarlas. En los casos vasco y navarro se hizo con premura, al menos para hilar una solución transitoria. En el caso estatal, la inestabilidad política y la farragosa tramitación parlamentaria han impedido en estos años aprobar una reforma aún pendiente. Como han denunciado con frecuencia expertos juristas, esa laguna ha provocado inseguridad legal, una alta litigiosidad y la indefensión de muchos contribuyentes que tributaron sin obligación por no poder asumir los gastos y riesgos de los pleitos.

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