Las diferencias salariales entre varones y mujeres se redujeron en Asturias desde 2005 a una velocidad tan modesta que, de no aumentar, harían falta 176 años para cerrar la brecha, según refleja un estudio de Gestha, organización que representa a los técnicos de Hacienda. Sus cálculos muestran que la región presenta una de las divergencias de género más intensas del país, incluso en el caso de los trabajadores más jóvenes.
Gestha utiliza datos procedentes de las declaraciones de la renta de los contribuyentes de las regiones de régimen común (todas, salvo País Vasco y Navarra) para llegar a conclusiones como las que se sintetizan en los siguientes puntos.
La brecha. Como promedio, la asalariadas asturianas ganaron en 2018, último año con datos disponibles, 6.234 euros menos que los hombres, la segunda cifra más alta del país, por detrás de Madrid (7.667 euros), y un 27% superior a la media española (4.915). Tal disparidad salarial tiene varios orígenes, entre ellos la altísima concentración del empleo femenino en el sector servicios, peor retribuido, y su limitado acceso a los trabajos en la industria o la construcción; también, la alta tasa de empleo a tiempo parcial entre las mujeres y sus dificultades para llegar dentro de las empresas a puestos directivos y con alta remuneración.
La evolución. En 2005, la diferencia entre los ingresos medios de los asturianos y las asturianas era de 6.694. En trece años se ha reducido el 6,8%. A partir de ese resultado, los técnicos de Gestha conjeturan que, a ese ritmo, harían falta un siglo entero y tres cuartas partes del siguiente para erradicar la brecha. El balance desde 2005 es peor en Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, regiones donde las diferncias salariales por sexos han aumentado en lugar de reducirse.
La edad. Circunstancias como el fuerte protagonismo de la mujer en los estudios universitarios inducen a pensar que la brecha de género es menor en las nuevas generaciones, pero los resultados de Gestha sugieren otra cosa: las asalariadas asturianas de edades comprendidas entre los 26 y los 35 años ingresan de media 4.120 euros menos al año que los varones, brecha un 60% superior a nivel nacional (2.567 euros) y la más alta entre las comunidades analizadas.
El ministro Escrivá quiere tener lista este año otra reforma de las pensiones
El Gobierno quiere acelerar con la próxima reforma de las pensiones. Tras el fiasco del último ciclo de trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, que se cerró hace un año sin acuerdo alguno, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se marcó ayer como objetivo tener listos este mismo año cambios en el sistema que afiancen su sostenibilidad financiera y preserven la suficiencia de los ingresos de los pensionistas. Lo anunció Escrivá en el Congreso horas después de que la Comisión Europea reprendiera a España por haber frenado las reformas de 2013 (revalorización ligada al ciclo económico y ajuste para vincular las nuevas pensiones a la esperanza de vida) y por incurrir en riesgos financieros al volver a actualizar las pensiones según el IPC.
El ministro instó a los partidos a llegar a acuerdos ágiles en el Pacto de Toledo sobre la orientación de la nueva reforma, para frenar la creciente incertidumbre ciudadana sobre el futuro de las pensiones. Frente a los augurios más pesimistas, Escrivá enfatizó que la Seguridad Social es solvente y que parte de una situación sólida -pese al déficit anual de 18.000 millones- , aunque reconoció que a partir de 2030 se generará un mayor incremento del gasto consecuencia de la jubilación de los nacidos en la década de los 60 (”baby boomers”). En línea con lo manifestado otras veces, José Luis Escrivá anticipó que propondrá descargar a la Seguridad Social de gastos que considera “impropios”, como las bonificaciones a la contratación. Y volvió a plantear la conveniencia de acercar más la edad efectiva de jubilación (en torno a los 64 años) a la edad legal (65 años para las carreras laborales más largas y 65 años y diez meses para el resto en 2020), favoreciendo la prolongación de la vida laboral.
En esta ocasión, el ministro habló más de fomentar “incentivos positivos” que de penalizar las jubilaciones anticipadas. Según explicó, existen incentivos que no se han explotado lo suficiente, que permitirían abordar el problema de gasto de medio plazo “con resultados tangibles” y que provocarían que la edad de jubilación efectiva se acercase a la legal. “Esto es lo realista”, dijo el ministro, que no ha querido precisar más a la espera de su próxima comparecencia la semana que viene ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.
