Un debate en el Senado dejó ver ayer cómo están las posiciones políticas ante la propuesta del Gobierno para rebajar la luz de la industria, plan que el Ejecutivo socialista de Asturias ha cuestionado aliándose con los de Galicia y Cantabria para pedir cambios de gran alcance en su contenido. Los votos en contra del PSOE, Izquierda Confederal (grupo parlamentario participado por Podemos) y los nacionalistas vascos y catalanes tumbaron una moción del PP de apoyo a las alegaciones del Ejecutivo asturiano y sus aliados. El PSOE tachó de "electoralista" la iniciativa popular y los senadores nacionalistas salieron en apoyo del llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo por el trato favorable que reciben las empresas del País Vasco y Cataluña.

Félix de las Cuevas, senador del PP por Cantabria, defendió la moción del PP cuya parte dispositiva insta al Gobierno a "aceptar las propuestas contenidas en las alegaciones presentadas por los gobiernos de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria" al borrador del estatuto electrointensivo y a incorporarlas a su texto definitivo. De las Cuevas expuso cómo, en su redacción actual, la propuesta del Ministerio de Industria penaliza a las fábricas con mayores consumos y más expuestas al precio de la enegía (Azsa, ArcelorMittal o la antigua Alcoa en Asturias), concediéndoles las ayudas más bajas (54 céntimos por megavatio), a la vez que se abre el ámbito del estatuto para que beneficie a un mayor número de empresas en todo el país (600 en total), muchas de ellas con menores riesgos asociados a los costes energéticos.

El PSOE respondió con una enmienda de sustitución que fue rechazada por el PP. El texto alternativo de los socialistas proponía instar al Gobierno a "analizar todas las alegaciones recibidas", para incorporar las que mejoren el estatuto siendo compatibles con la normativa española y europea, y "especialmente" las alegaciones presentadas por Galicia, Asturias y Cantabria. El senador socialista Antonio Rodríguez Esquerdo alegó, en contra del texto del PP -más explícito en el apoyo a las citadas regiones-, que el Grupo Popular se movía por intereses "oportunistas" y "electoralistas", ante la cercanía de las elecciones autonómicas de Galicia, donde la Xunta de Alberto Núñez Feijóo está lanzando continuos ataques al estatuto electrointensivo y denunciando el riesgo inminente de cierres de empresas, en particular de la planta de Alcoa en San Ciprián (Lugo).

Durante el debate emergieron como aliados del proyecto del Gobierno -en la redacción que combaten el Principado y las grandes industrias asturianas- el PNV, que destacó los beneficios para las empresas vascas (44 compañías beneficiadas, frente a las 19 de Asturias), y los independentistas catalanes de Junts per Catanlunya. Su portavoz, Josep María Cervera Pinart, ensalzó el hecho de que el proyecto de Industria favorece a un alto número de empresas catalanas (153). Rufá Gracia, de ERC, también rechazó la moción del PP, al igual que hizo en nombre de Izquierda Confederal, grupo participado por Podemos, Vidal Matas.

Finalmente, la moción del PP, apoyada por Ciudadanos, fue rechazada con 136 votos en contra, entre ellos los de los senadores socialistas asturianos Fernando Lastra, Francisco Blanco, María Fernández y María Jesús Álvarez.