Cataluña aspira a que doscientas de sus empresas se beneficien de la rebaja de la luz a través del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y para ello ha presentado una enmienda al proyecto del Gobierno que aligera más los requisitos para tener acceso a las ayudas. Es un planteamiento que está en las antípodas de las posiciones que defiende el Principado, junto a la industria y a los sindicatos de la región y también junto a los gobiernos de Galicia y Cantabria, partidarios todos de dar prioridad a las campañías más intensivas en consumo eléctrico y por ello más expuestas a los precios en sus costes. Son los casos de ArcelorMittal, Azsa y Alu Ibérica (antigua Alcoa) en Asturias.
El pasado miércoles, durante el debate en el Senado de una moción del PP sobre el estatuto electrointensivo, el senador Josep María Cervera, representante da formación independentista Junts per Catalunya, defendió el contenido del proyecto del Gobierno y subrayó su impacto benéfico para el tejido productivo catalán: "Se amplia el rango (de empresas beneficiarias), lo que es importante porque significa que se podrán beneficiar hasta doscientas empresas de Cataluña, muchas de ellas medianas si las comparamos con Alcoa. Es algo que desde Cataluña se ha estado reclamando durante años".
La moción del PP, rechazada con los votos del PSOE, de Izquierda Confederal (grupo que incluye a Podemos) y de las formaciones nacionalistas vascas y catalanas, instaba al Ministerio de Industria a asumir las alegaciones de Asturias, Galicia y Cantabria, dando un tratamiento preferente a las industrias "hiperelectrointensivas" y restableciento el límite de consumo mínimo para acceder a las ayudas (40 gigavatios/hora anuales) que figuraba en el primer borrador del estatuto (2019). La "ampliación del rango" a la que se refirió el senador Cervera ha consistido en rebajar tal límite a 1 gigavatio/hora, lo que ha permitido que en el caso de Cataluña el número de empresas potencialmente beneficiarias haya pasado de 48 a 153 (de 13 a 19 en el caso de Asturias), según las estimaciones del Ministerio de Industria (ver gráfico adjunto).
El senador independentista fue más allá y habló de "hasta 200 empresas" catalanas. La cuenta será así si Industria acepta una de las alegaciones que el Govern de Quim Torra ha presentado a la propuesta de estatuto y que ayer confirmaron a este diario fuentes del Departament de Empresa y Conocimento. La propuesta consiste en flexibilizar el requisito según el cual las empresas, además de un consumo anual determinado, deben tener concentrado el 50% en las llamadas horas valle (las de menor demanda y precios más bajos); la Generalitat han planteado rebajar esa tasa al 45%, de forma que, indicó un portavoz, tendría cabida un 30% más de empresas "sin que el aumento de costes sea muy significativo". Las fábricas con consumos más intensos en las horas valle son las grandes, como la metalúrgicas asturianas. De ser aceptada la petición del Govern se daría entrada a un mayor número de plantas de tamaño modesto y Cataluña alcanzaría las 200 beneficiarias de las que habló Josep María Cervera en el Senado.
Agenda bilateral. La política energética e industrial forman parte de los asuntos a abordar en la mesa de diálogo creada por el Gobierno central y el catalán para buscar una salida política al conflicto soberanista catalán. En el documento denominado "Agenda para el Reencuentro" que Pedro Sánchez presentó a Torra el pasado 6 de febrero se recoge que el capítulo de "la reforma energética y el apoyo a la industria" "sí puede formar parte del debate en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Genaralitat". Se puntualiza a continuación: "En cualquier caso, España ya está trabajando en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo". No ha sido revelado, en cambio, si el contenido de la citada norma, esencial para el futuro de la industria asturiana, ha sido negociada en ese formato bilateral con el equipo de Torra y por tanto al margen de las demás regiones.
