La Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 admitió a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Duro Felguera, sus expresidentes Juan Carlos Torres y Ángel del Valle, cuatro ciudadanos venezolanos (ex cargos públicos y funcionarios, así como la esposa d uno de ellos) y dos sociedades vinculadas a tres de los investigados del país latinoamericano, ha ampliado el perímetro de investigación y ha incluido en sus actuaciones a varias personas más que pertenecían a la plantilla de Duro Felguera en el periodo (2008-2013) en el que supuestamente se produjeron los hechos en los que se sustenta la causa, según dijeron personas conocedoras del caso, que no precisaron la identidad de los nuevos investigados.
La Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada presentó una querella en 2017 por la supuesta existencia de un delito de corrupción de autoridad o funcionario extranjero, concurriendo igualmente un supuesto delito de blanqueo de capitales por la presunta realización de pagos a expolíticos y exfuncionarios públicos venezolanos por un importe de unos 80,6 millones de dólares (71,27 millones de euros al cambio actual) que hipotéticamente habría constituido un caso de abono de comisiones ilegales para lograr la adujudicación del contrato de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro, cuyo presupuesto se cifró en 1.500 millones de euros.
A petición de la fiscalía, el juzgado de Instrucción Central número 2 de la Audiencia Nacional acordó una extensión del período de instrucción durante dieciocho meses adicionales, cuyo plazo comenzó a contabilizarse a partir del 28 de marzo 2019.
Tanto Duro Felguera como sus dos expresidente investigados negaron en sus declaraciones en la Audiencia Nacional y ante la fiscalía la comisión de delitos y el pago de comisiones ilegales.
En un informe emitido por Duro a la Comisión del Mercado de Valores hace una semana, la compañía asturiana reiteró que "no hay elemento, ni evidencia, ni indicio ni constancia algunos de que Duro Felguera S.A., su órgano de administración o sus miembros, directivos, empleados o representantes hayan autorizado, conocido o consentido pagos o concesión de ventajas o beneficios indebidos en favor de autoridades o funcionarios públicos de Venezuela".
