Los impactos económicos de la pandemia del Covid-19 cambian en la misma proporción geométrica en la que avanza el virus. En 24 horas se ha pasado de pronósticos expertos que hablaban para España de una merma de entre una y cinco décimas en el crecimiento del producto interior bruto (PIB) al anuncio por parte de Bruselas de que, muy probablemente, el conjunto de la Unión Europea caerá en recesión (decrecimiento) durante este año. A escala europea, nacional y regional, la crisis del coronavirus está propagándose por los distintos sectores económicos, alcanzados por un doble "shock" de oferta y demanda que, como remarca del catedrático asturiano de Fundamentos del Análisis Económico Joaquín Lorences, esta vez tiene un origen "exógeno", ajeno a la economía y a sus posibles desequilibrios. En ese contexto, empresas y trabajadores están llamando a las autoridades políticas y financieras a desplegar las medidas necesarias - "extraordinarias e inmediatas", en palabras de la patronal asturiana FADE- para que la crisis sea corta y no se lleve por delante las empresas y los empleos.

Los primeros resultados de una encuesta realizada por la organización que preside Belarmino Feito dan cuenta de cómo está siendo ya el alcance de crisis: el 83% de las más de 300 empresas que respondieron a un cuestionario de la FADE están afectadas de algún modo por las consecuencias económicas y laborales de la pandemia y cuatro de cada diez (43%) afirman que sus facturaciones han caído en estos días más del 25%. "Lo primero que hemos constatado es la enorme preocupación de los empresarios asturianos", explica Feito. La "altísima" participación en el referido sondeo es por sí misma una prueba de ello.

Las mayores dificultades están en el sector servicios, particularmente en las actividades vinculadas a la comunidad educativa (catering, transporte...), ante los cierres de colegios, y en los negocios de hostelería y ocio. Reflejo este último de los efectos sobre la demanda (turismo y consumo). A ese lado del PIB pertenecen también las decisiones de inversión. Las consultas y visitas para comprar viviendas están bajando en el sector inmobiliario asturiano, indicaron fuentes de las patronales Asocias y Coapi, que auguran una "ralentización" del negocio.

El frenazo global que ya se está produciendo en la inversión inquieta a la industria asturiana del metal, que, explicó el presidente de su patronal, Guillermo Ulacia, mira también con alarma hacia Italia y la posibilidad de que se replique aquí la decisión de suspender en las compañías fabriles toda actividad que no sea indispensable para la producción. "Estamos proponiendo a través de la FADE que se habiliten procedimientos ágiles y efectivos de regulación de empleo (ERE o ERTE) y que se asignen recursos", añadió Ulacia. La encuesta de la patronal indica que, por el lado de la oferta, crecen las dificultades de suministro de materias primas y componentes para la industria y las empresas de distribución, problemas iniciados en China, origen de la epidemia. "El escenario es muy cambiante y requiere medidas extraordinarias que sólo serán eficaces si tienen inmediatez", afirmaba ayer Belarmino Feito. El líder empresarial mostró el apoyo de la FADE "a cuantas decisiones sean necesarias para garantizar la salud de las personas" y, al mismo tiempo, demandó a los gobiernos acciones que mitiguen los impactos en las empresas y en los riesgos para el empleo. Por ejemplo, acompasando los cierres masivos de negocios que ayer se debatían con medidas que amortigüen los costes laborales que ello conlleva.

La idea de fondo, expresada también desde el mundo académico, es que se haga todo lo posible para que la epidemia remita cuanto antes y la crisis económica asociada no derrumbe el aparato productivo. Por ahora, la Comisión Europea vislumbra impactos severos en la UE. "El crecimiento del PIB real en 2020 podría caer por debajo de cero o incluso ser sustancialmente negativo", dijo el director general de Asuntos Económicos, Maarten Verwey. Bruselas aprobó para hacer frente a ello la inversión de 37.000 millones y margen de gasto en la disciplina fiscal para que los gobiernos, incapaces hasta ahora de montar una acción concertada, actúen contra el coronavirus y sus consecuencias sociales y económicas.