El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto de urgencia que suspende, durante el periodo que se prolongue el estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19, los plazos asociados a los tributos que gestiona la administración autonómica durante el estado de alarma.

De esta forma se ampliará el período para el pago de las autoliquidaciones o de campañas ya iniciadas, como la del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (la viñeta), de forma que los contribuyentes no se verán obligados a abonar estos tributos durante esta situación excepcional. El Principado pretende así evitar desplazamientos de la ciudadanía a las instalaciones públicas o las entidades financieras. Además, cabe recordar que desde el lunes 16 de marzo las oficinas del Ente Público de Servicios Tributarios están cerradas al público.

Esta iniciativa afecta tanto a los tributos propios como a los cedidos por el Estado a la comunidad autónoma, así como a los impuestos locales que gestiona el ente público por delegación de los ayuntamientos. Según la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, esta medida permitirá ayudar a paliar los problemas de liquidez de lleva aparejada esta crisis sanitaria para empresas y particulares y tendrá efecto en la tesorería del Principado a corto plazo aunque esas tensiones no se trasladarán fuera del ámbito de la administración autonómica.

Así, ha señalado que el Principado está haciendo frente al pago a proveedores y ha adoptado incluso medidas como el adelanto del pago del salario social básico a los beneficiarios de esa prestación. Cárcaba ha incidido en que las posibles tensiones de liquidez que genere esta iniciativa, que incluye a tributos estatales, autonómicos y municipales, serán asumidas por el Principado dado que desde la administración autonómica se seguirán abonando los anticipos mensuales a los ayuntamientos.