ArcelorMittal paralizará las inversiones que tiene pendientes, hará despidos (entre 50 y 100 en una primera tanda) y no dejará sin fecha de arranque el horno alto B de Veriña (parado desde principios de mes) si no consigue un importante ahorro de costes para contrarrestar la caída de pedidos que viene sufriendo con la pandemia del coronavirus y la crisis económica asociada a ella. Ese planteamiento fue el que puso ayer sobre la mesa la multinacional a los sindicatos, durante la primera reunión para negociar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por razones productivas para todas sus plantas españolas durante un periodo mínimo de un año. El ajuste afectaría a toda la plantilla que el grupo tiene en el país: 8.236 trabajadores, 5.500 de ellos en Asturias. Si no hay acuerdo para un ERTE de esa magnitud, expuso la dirección, Arcelor ejecutará sus amenazas.
El golpe en la mesa de la compañía llega días después de que el Gobierno cerrara a Arcelor la otra vía por la que pretendía llevar a cabo el ajuste de costes. Había solicitado una regulación temporal de empleo por fuerza mayor, la modalidad habilitada por el Gobierno para aquellas empresas que vieran su actividad directamente golpeada por la crisis del coronavirus .La autoridad laboral rechazó que en la compañía se dieran las circunstancias para tirar por ese camino.
Arcelor se opone a utilizar el ERTE que tiene en vigor desde 2009 y del que viene tirando cuando las cosas vienen mal dadas en algún que otro taller. Ese expediente tiene unas condiciones bastante ventajosas para los trabajadores, porque su salario casi no se ve resentido. La dirección trasladó ayer a los sindicatos que utilizar ese ERTE es inadecuado porque supone una "carga económica en el contexto actual". Por eso, plantea negociar una nueva regulación, acogiéndose a la modalidad que se justifica por causas económicas y productivas y que para los trabajadores supondría mayores recortes (cobrar el 70% de la base de cotización en los periodos que estén en paro o menos si superan los límites que fija la ley para la prestación de desempleo con arreglo a las circunstancias familiares). Arcelor lo justifica asegurando que su negocio ha sufrido un importante menoscabo en las últimas semanas.
Entre las inversiones que la multinacional está ejecutando en la región está la segunda fase de ampliación de las baterías de coque de Gijón, cuyos trabajos deberían terminar en junio. Los sindicatos sospechan que la amenaza de parar los trabajos es una "excusa", una estrategia para "tapar" los problemas que tiene la primera fase de esta obra. Se suponía que las nuevas baterías iban a aprovechar los gases de coque para ganar autosuficiencia energética, pero están teniendo que tirar de gas natural para trabajar tras detectarse problemas en las válvulas que se ocupan del transporte de los citados gases. Los trabajadores sostienen que Arcelor precisaría de un año para cambiar todo el sistema.
Los sindicatos acusaron ayer a la multinacional de querer sacar partido de la situación para buscar un ahorro de los costes que, denuncian, no está justificado y supone "aprovecharse del erario público". Unas horas antes de esa primera reunión para el ERTE, la siderúrgica había dado marcha atrás con los ajustes que tenía previsto aplicar en el tren de carril de Gijón -donde iba a modificar los turnos de trabajo y parar algunos días de la semana- después de que entrara un gran pedido que garantizaba la carga de trabajo durante "varios meses". Los talleres de carril y de hojalata (este último, proveedor de la industria alimentaria) son las dos instalaciones asturianas que permanecen inmunes a la pandemia económica del coronavirus.
José Manuel García, portavoz de UGT, auguraba ayer que "va a ser una semana dura" de negociación. Y denunciaba que las cifras que aporta la multinacional para justificar su ajuste no se sostienen. Afirmó que no se dan las circunstancias para un "diálogo serio porque lo primero que se plantea son paradas masivas de instalaciones, amenazas de retirada de inversiones y despidos". José Manuel Castro, de CC OO, resaltó que "si esta es la línea de diálogo que quieren entablar nos parece deleznable". Criticó que la amenaza de parar algunas inversiones pendientes solo pretende "encubrir la mala gestión de la dirección en Asturias de la multinacional". Manuel Ángel Pulgar, de la CSI, aseguró que la compañía quiere aprovechar como excusa la pandemia para ahorrar costes: "Quieren tocar el bolsillo de los trabajadores y el del Estado". Las conversaciones continuarán mañana, jueves.
Arcelor presentará sus resultados globales el 7 de mayo. Los analistas prevén que, como promedio, el resultado puro de negocio (ebitda) caiga el 49% interanual.
