El sector español de los autocares y autobuses afronta una situación crítica por el estado de emergencia -que ha cancelado desde el 14 de marzo el negocio turístico y el transporte escolar, y ha restringido la movilidad general con el confinamiento de la población- y por el plan de reactivación, que se anuncia gradual y en el que se va exigir al transporte público operar con un tercio de su capacidad.

La patronal Confebus, que representa a casi el 90% del sector español y que dirige el gijonés Jaime Rodríguez Medal, ha demandado a las autoridades españolas y a las comunitarias un plan de continencia por un importe de 2.000 millones para garantizar la viabilidad de las empresas y de la prestación del servicio público. "El sector ha tenido una reducción de demanda superior al 90% y esto tiene consecuencias devastadoras", afirmó Jaime Rodríguez.

El sector está integrado por 3.100 empresas (79 en Asturias), con una flota de 42.000 vehículos y una plantilla de 95.000 trabajadores (70.000 de ellos, directos), que dan servicio a 8.000 poblaciones y captan el 80% del transporte colectivo español.

La patronal sectorial considera urgente recuperar la percepción de seguridad en el uso del transporte público (los vehículos se desinfectan a diario), que se prolonguen los ERTE por fuerza mayor más allá del periodo del estado de alarma porque "la normalidad va a tardar en restablecerse", y que se aprueben "medidas compensatorias porque, aunque se contrata a riesgo y ventura, el riesgo y ventura ha desaparecido", señaló Rodríguez Medal, una vez que se confinó a la población, mientras que, por tratarse de un servicio público esencial, se ha mantenido su prestación" en pérdidas: el 100% de las compañías se ha visto perjudicado por el COVID-19. "En alguna ruta que habitualmente usaban 2.000 viajeros ahora viajan cuatro. Es insostenible", señaló el director de Confebus.

"Se necesitan ayudas para generar tesorería porque éste es un sector muy intensivo en capital y empleo y en el que el control de la oferta lo tiene la Administración", explicó Jaime Rodríguez. "Los efectos", apuntó, "son difíciles de medir: estamos en una situación delicada y sin ver el final del túnel", agregó.

Nueve de cada diez empresas de autocares y autobuses se han acogido a un ERTE y muchas ven difícil garantizar el empleo seis meses después de que se suprima el estado de emergencia. El 39% de las compañías han tenido dificultades a su vez para acceder a los préstamos avalados por el ICO: al 14% de se le pidió garantías adicionales y el 25% obtuvo una cuantía inferior a la solicitada.