Lío en los Juzgados asturianos a cuenta de las sentencias de los accionistas afectados por la quiebra del Banco Popular. La Audiencia Provincial, en un intento por unificar criterios, decidió que iba a tirar por tierra todas las reclamaciones de los afectados, dando la razón a la entidad financiera. Lo hizo, además, en una reunión celebrada el 6 de febrero y tras una votación entre los magistrados. Aquella decisión, así de primeras, dejó algo descuadrados a los abogados asturianos que estaban preparándose para presentar toda una avalancha de reclamaciones, que muchos han decidido guardar en un cajón. Y, sobre todo, sorprendió, porque iba justo en la dirección contraria de lo que estaba ocurriendo en el resto de España donde el criterio es, prácticamente unánime, a favor del consumidor. Pero, por lo que parece, aguas abajo, los jueces asturianos tampoco están demasiado de acuerdo con la decisión de la Audiencia. Son ya varios magistrados de primera instancia los que, a pesar del mandato, están fallando a favor de los consumidores, obligando al Santander (actual dueño del Popular) a tener que recurrir las sentencias.
De hecho, hasta que la Audiencia Provincial se pronunció en febrero, entre los jueces asturianos había pocas dudas. Casi de forma unánime le venían dando la razón a los consumidores. Por eso, la sorpresa fue aún más mayúscula entre los letrados que se dedican a este tipo de casos. En Asturias hay cientos de afectados.
El caso se remonta al 7 de junio de 2017, cuando el Popular pasó a manos del Santander por el precio simbólico de un euro. Esa depreciación dejó atrapados a miles de accionistas que vieron cómo el dinero que habían depositado en las distintas ampliaciones de capital llevadas a cabo por el banco perdía todo su valor. Al sentirse engañados por las promociones realizadas por la entidad para captar capital muchos vieron en la vía judicial el único camino para intentar recuperar su dinero.
El gijonés Rubén Cueto es uno de los abogados que más sentencias lleva ganadas en España representando a clientes que invirtieron en las ampliaciones del Popular. Ahora que la actividad judicial parece que vuelve a recuperarse tras el parón del coronavirus, está preparándose para presentar medio centenar de demandas. "Ninguna en Asturias", apunta. Pese a las discrepancias y resistencias que se ha encontrado la Audiencia entre los magistrados de primera instancia, aún no merece la pena. También está convencido de que las sentencias asturianas, probablemente, y tras diversas reclamaciones acaben en la mesa del Tribunal Supremo. Un lío.
El letrado ovetense Manuel Noval ha sido uno de los últimos en recibir una sentencia sobre el caso del Banco Popular en Asturias. Se la notificaron esta semana y en ella el Juzgado de primera instancia número uno de Oviedo, cuyo juez titular es Luis Cuadrado Fernández, le da la razón al accionista y obliga a la entidad a devolver a los 22.682,37 euros que había invertido en la ampliación de capital de 2016. No es la única sentencia que se desmarca de la opinión de la Audiencia. "En Asturias son ya varios los jueces de primera instancia que se han apartado de ese criterio", señala Noval. En concreto, ya lo ha hecho el Juzgado de primera instancia número uno de Gijón y el número 3 de Oviedo, al que ahora se suma esta nueva sentencia del número uno también en la capital asturiana.
