El Gobierno asturiano quiso ayer ser "prudente" en su primera valoración sobre la venta de activos de EDP a la multinacional francesa Total y destacó que la empresa portuguesa "mantiene toda la parte industrial". La oposición exige que la operación no suponga recortes a los 160 puestos de trabajo afectados en Asturias, pero algunos grupos vaticinan una pérdida de la influencia que mantenía Hidrocantábrico a través de la portuguesa EDP.
La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, destacó que la compañía EDP "mantiene toda la parte industrial, las actividades de generación, con los ciclos de Aboño 1 y 2, y Soto 3,4 y 5 así como las instalaciones hidráulicas y también las renovables". El Gobierno regional ha obtenido además garantías por parte de EDP acerca de la inversión en el grupo térmico de Aboño 1. "Hay que ser necesariamente prudentes", indicó Belarmina Díaz "ante una operación claramente empresarial" que, subrayó, "responde al mercado entre dos compañías privadas". La directora general de Energía también incidió en que EDP mantiene el 75 por ciento de su facturación, la procedentes de sus clientes industriales, ya que ha vendido a la multinacional francesa los consumidores domésticos de luz y gas.
La portavoz socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, espera que "esta operación de compra-venta, de la que no conocemos los detalles, preserve la producción industrial, los compromisos de inversión y el empleo".
La diputada autonómica y portavoz del PP, en el parlamento asturiano, Teresa Mallada, expresó "el mayor de los respetos" al acuerdo de transacción alcanzado entre ambas empresas y aprovechó "para dar la bienvenida a Total, desde ahora cuarta eléctrica por tamaño en España". Los populares asturianos confían en que la operación "se lleve a cabo sin impacto para la actual plantilla de EDP en Asturias y sin merma alguna para las condiciones que tienen los consumidores", al tiempo que esperan que "la empresa apueste e invierta en nuestra región".
Laura Pérez Macho, portavoz de Ciudadanos, cree que algunos aspectos requieren de "clarificación": saber "en qué medida esta operación puede afectar al empleo de EDP en Asturias" o conocer si hay "alguna repercusión en los contratos con las empresas asturianas y, en particular, con el de Arcelor para los gases de la siderúrgica de Aboño. Esperamos que EDP mantenga sus compromisos sociales y ambientales con Asturias, dada la especial vinculación de la compañía con este territorio".
La portavoz parlamentaria Lorena Gil expresó "las reservas" de Podemos hacia esta operación, con la que Total, subrayó, "refuerza aún más el oligopolio eléctrico que domina el mercado español, responsable de que nuestro país tenga una de las facturas de la luz más caras de toda la UE". Y exigió que "se garantice el mantenimiento del empleo actual" en la región.
Ángela Vallina, portavoz de IU en la Junta, reclamó "la continuidad de las instalaciones actuales de EDP, de la producción y, especialmente, del empleo". Y reivindicó, que "más allá de esta operación, creemos indispensable que en sectores estratégicos, y el eléctrico indudablemente es uno de ellos, tienen que tener una presencia activa los poderes públicos".
Para Adrián Pumares, portavoz de Foro, "este movimiento societario no debería tener una influencia significativa en los contratos de comercialización en mercado libre suscritos por los asturianos".
Ignacio Blanco, de Vox, cree que "para Asturias supone un debilitamiento del peso de HC en EDP, que era muy importante".
