Susana Pereira, camarera de un restaurante de la avenida de Galicia de Oviedo, vive junto al Parque del Oeste y cerca de su casa hay una oficina de empleo hasta la que ha acudido casi cada día de las últimas semanas con ánimo de averiguar cuándo cobrará su prestación de paro. Lo más que ha conseguido son los números de teléfono que los vigilantes de seguridad están entregando a quienes, como ella, hacen un peregrinaje semejante para pedir explicaciones por los retrasos en la tramitación de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE).
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó la pasada semana que el atasco administrativo de los ERTE estaba resuelto y que un acuerdo con la banca permitía desde entonces cobrar de manera instantánea las prestaciones una vez reconocidas, sin tener que esperar al día 10 de junio (fecha ordinaria de pago). Pero un número difícil de precisar de trabajadores cuyos empleos quedaron suspendidos desde mediados de marzo no han recibido ni un euro del paro desde entonces. En ausencia de información estadística oficial -la Delegación del Gobierno en Asturias aseguró ayer que no tiene cifra de afectados-, el chequeo a algunas de las situaciones que han ido aflorando puede ser un indicio de que los problemas persisten.
Este diario citaba hace una semana el caso del restaurante ovetense donde trabaja Susana Pereiro y otras seis personas, con un ERTE que tramitó la empresa en marzo y fue aprobado el día 7 de abril por la autoridad laboral del Principado. Siguen sin cobrar. Carlos Velázquez, propietario de un hotel en Gijón y de otro en León tenía entonces a su plantilla, formada por nueve personas, en una situación semejante. Las cosas también continuaban igual ayer. "Tendremos paciencia, pero ¿cuánto podrán aguantar esperando quienes no tienen medios de ayuda o personales", preguntó retóricamente el empresario hotelero.
Susana Pereira es una de las asturianas atrapadas en el agujero burocrático de los ERTE que está, dice, "desesperada". "Soy madre soltera, con un hijo de trece años, y pagando alquiler...". Las cuentas imposibles de esta trabajadora de la hostelería son las siguientes: "Más de dos meses sin cobrar, con un alquiler de cuatrocientos euros, la luz, la letra de un crédito para arreglar la boca, el teléfono...mi hijo está en el instituto y ahora estudia online, no puedo prescindir de internet". "Nunca pensé que me podía pasar una cosa así, es una pesadilla", comenta con desazón. La economía del hogar se sujetaba en los 1.150 euros mensuales de su salario en el restaurante, un establecimiento para el que por ahora ha resultado económicamente inviable la reapertura: "Hay sólo cinco mesas de terraza". Sin sueldo y de momento también sin prestación del ERTE, ha tenido que recurrir al apoyo de la familia y de una amiga. La alternativa de cobrar por adelantado del banco, anunciada por el Gobierno central, tampoco pudo ser. Lo intentó con su entidad, pero se encontró que "solo te pagan a partir del momento en que tienen reconocida la prestación de desempleo". Ella no tiene constancia aún de que esa formalidad se haya completado. Ni ella ni sus seis compañeros del restaurante, ni los propietarios, ni la asesoría que lleva las gestiones de la empresa. Al otro lado de los teléfonos del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) que la camarera ovetense marcó desde las ocho de la mañana de ayer -para ampliar la probabilidad de respuesta, por indicación de un conocido- o nadie contesta o lo hace una máquina.
Susana Pereira pertenece al colectivo de quienes están sin cobrar entre los 3,3 millones de españoles acogidos a ERTE, mecanismo desplegado por los gobiernos europeos para contener la destrucción de empleo, apoyar a las empresas y auxiliar a los trabajadores afectados por el hundimiento de la actividad económica. No es pacífica la explicación de por qué a estas alturas aún puede haber miles de personas que, teniendo derecho legal a ese auxilio, no lo han recibido. En declaraciones a una cadena de televisión, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, lo ha atribuido a errores de las empresas y de las asesorías en la documentación presentada, sobre todo fallos al comunicar los datos de los trabajadores (números de DNI, cuentas bancarias...). Fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias se adhirieron a esa versión para justificar los retrasos en la región. Es una argumentación que semanas atrás ya provocó gran malestar en ámbitos empresariales y entre los profesionales de la asesoría, que la rechazan.
Tampoco la comparten, al menos por completo, los sindicatos de la función pública. CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, ha subrayado que, al margen de los problemas con datos de los trabajadores, el Gobierno prometió al principio de la crisis "pagar todos las prestaciones en abril", un anuncio "político" que "se convirtió en utopía" ante la avalancha de expedientes de regulación a tramitar, las dificultades técnicas para atenderla en pleno confinamiento y el magro refuerzo de personal que tuvo el SEPE: un 10% de aumento de plantilla con trabajadores interinos para una carga de trabajo que se multiplicó por seis.
