"Habrá habido algunos errores, pero la gran mayoría no son nuestros, es seguro". El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, Marcos Martínez negó ayer en esos términos la versión que está divulgando el Servicio Público Estatal de Empleo y otras instituciones ligadas al Gobierno central sobre el problema del retraso en el pago de las prestaciones a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE): que el atasco administrativo que está detrás de esa demora obedece a fallos en los datos comunicados por los asesores laborales y las empresas.
Esa versión, confirmada a este diario por fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias, ha provocado gran indignación entre los profesionales y situaciones complicadas para ellos. "Tenemos casos de compañeros que sufren insultos y agravios", relató Marcos Martínez. La desesperación de trabajadores que llevan dos meses sin cobrar por el atasco administrativo estaría llevando a algunos de ellos a expresar sus quejas ante las asesorías, después de que la Admninistración las haya señalado como responsables. Es un problema análogo al que el sindicato CSIF denuncia que ha ocurrido con el personal de las oficinas del SEPE en algunas regiones.
Los graduados sociales aseguran que la versión del SEPE no se sostiene, máxime porque, ante el bloqueo de muchas prestaciones, las asesorías están revisando la documentación remitida a la Administración (hojas excell con la identidad, los números de cuenta bancaria y otros datos personales de los trabajadores acogidos a ERTE) sin que se hayan detectado errores generalizados o en número que pueda explicar el atraso en los pagos del SEPE a miles de trabajadores.
"Las declaraciones manifestadas por el SEPE en numerosos medios de comunicación acusando a las empresas y asesores de haber tramitado mal las solicitudes no recogen la realidad de la situación, el motivo de no cobrar se debe a diferentes fallos de entre los que hay que destacar el atasco en la tramitación las prestaciones colectivas de los trabajadores", señaló en la tarde de ayer el Colegio de Graduados Sociales a través de un comunicado.
En ese mismo texto, el colectivo que preside Marcos Martínez y en el que están integrados unos doscientos despachos que han participado en la tramitación de los ERTE, expone: "Hemos tenido que trabajar con numerosas normas contradictorias, continuas modificaciones de las mismas, alteraciones y nuevos plazos de tramitación durante los procedimientos, plataformas informáticas (...) continuamente inoperativas y una absoluta imposibilidad de contactar con el SEPE, debido al desborde de trabajo que tiene". Los graduados sospechan que, en medio de ese atasco, puede haber expedientes que se tramitaron de manera correcta pero que han sido "perdidos" por la Administración.
Marcos Martínez, que remarcó la intensa dedicación profesional de los graduados, con jornadas de 16 horas diarias de trabajo, subrayó: "La gestión de esta crisis sigue siendo a base de bandazos, colapsando los servicios públicos y complicando los reales decretos con formularios y procedimientos que, junto a los problemas telemáticos, provocan el desbordamiento del sistema". Y apostilló: "Nuestros despachos han tramitado en tiempo y forma los expedientes, pero a los trabajadores no les sirve de nada si no perciben sus subsidios para sobrevivir y poder alimentar a sus familias". Según ha confirmado este diario, hay casos de trabajadores acogidos a ERTE que han retornado a sus puestos con la desescalada sin haber cobrado aún nada del paro.
