El Gobierno aprobó el 30 de marzo, hace ya más de dos meses, lanzar una oferta de microcréditos por valor de hasta 1.200 millones, a través de la banca y con el respaldo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para ayudar a inquilinos en dificultades económicas por la crisis a pagar el alquiler de sus casas (un máximo de 900 euros al mes y seis mensualidades). Después de este tiempo, esta ayuda no ha comenzado a concretarse por los retrasos en su desarrollo y tramitación.
La banca confía en poder ofrecer en los próximos días los citados microcréditos. Las entidades financieras estaban a la espera de que el ICO publicara las características finales de este sistema y, por lo tanto, se aclararan algunas cuestiones de procedimiento, dudas planteadas sobre todo por los principales bancos, según explicaron a Efe fuentes del sector.
El ICO ha trasladado ya las condiciones de la línea de avales y destaca que tiene preparado el sistema para que las entidades puedan operar, aunque por el momento sólo han suscrito el acuerdo bancos pequeños como Abanca, Unicaja Banco, Liberbank, Cajamar, Laboral Kutxa y las cajas de ahorros de Ontinyent y Pollença.
Ese listado irá aumentando a medida que las entidades y el ICO suscriban los correspondientes convenios y, aclaradas las dudas entre ambas partes, se espera que "en los próximos días" se firme con las grandes entidades, lo que será un paso clave para que las ayudas puedan llegar realmente a los afectados.
Los préstamos deberán ser solicitados por el inquilino en la entidad antes del 30 de septiembre y el banco será el encargado de pagar mes a mes al propietario del inmueble, con un pago inicial, si corresponde, de las mensualidades no abonadas desde el 1 de abril hasta la firma del crédito. Los microcréditos están pensados para inquilinos en situación vulnerable, al estar en paro, estar afectados por un ERTE o ser autónomos con fuertes caídas de ingreso.
La medida, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros a finales de marzo, tuvo primero un desarrollo normativo que duró más de un mes, con lo que la orden ministerial no llegó hasta principios de mayo. El ICO afinó luego algunos detalles y después de eso quedaba todavía la firma con los bancos del convenio.
La burocracia ha retrasado tanto la puesta en marcha de esta ayuda financiera a la vivienda que la medida ha ido perdiendo poco a poco interés, ya que cada día se cierran acuerdos privados de forma voluntaria entre inquilinos y dueños de las viviendas.
