Desde que surgió la implantación del estado de alarma a partir del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las asesorías fiscales y laborales, además de realizar el trabajo habitual de asesoramiento a empresas y particulares, han tenido que tramitar de forma urgente numerosos ERTE, enviar datos de los trabajadores afectados por dichos ERTE al SEPE, así como solicitar las prestaciones y ayudas a los autónomos y empresas.

Para poder llevar a cabo todos estos trámites extraordinarios, han tenido que sacar tiempo de donde no lo tenían. Además, han teniendo necesariamente que acudir a sus despachos profesionales de forma presencial en vez de quedarse en sus casas confinados, como hubiese sido su deseo (y como así han hecho todos los funcionarios de las distintas Administraciones Públicas, a excepción, claro está de los sanitarios y fuerzas del orden).

Por tanto, debido a las circunstancias y a otras causas como fueron y son, la falta de simplificación de los trámites en los expedientes, así como la apresurada/atropellada generación normativa, han tenido que exponerse por mayor tiempo a un riesgo de contagio de sus trabajadores, de ellos mismos y de las familias de ambos.

A la urgencia necesaria de la tramitación de los ERTEs, se unió como ya hemos apuntado, la falta de previsión de no simplificar ciertos trámites, en adecuación al momento excepcional que se vivía, además de esto, fue y está siendo acompañado de una incesante producción normativa, que incluye numerosos preceptos de dudosa interpretación y frecuentes rectificaciones, todo lo cual produce la consiguiente generación de inseguridad jurídica para los profesionales (asesorías) que tienen que aplicar de forma inmediata dichas normas.

Tampoco han sido un factor menor las constantes caídas de las webs de la Administración por colapso debido a la gran afluencia, así como también por los permanentes cambios en la misma, lo que limitaba el acceso, con la consiguiente pérdida de tiempo de trabajo.

Por estas razones, los profesionales y las asesorías, han tenido que trabajar a contra reloj y teniendo que realizar jornadas maratonianas que incluían también, fines de semana.

Sin embargo, por desconocimiento u otras causas, la sociedad no ha reparado en el gran esfuerzo que han tenido que hacer las asesorías, que han sido pieza clave para la tramitación de los ERTEs y con ello han permitido llevar a cabo la adecuación de la plantilla de las empresas a las nuevas necesidades derivadas del estado de alarma, así como la tramitación de lo necesario para que los trabajadores inmersos en dichos ERTEs pudieran cobrar sus legítimas prestaciones.

Desde este Colegio de Titulados Mercantiles del Principado de Asturias, queremos suplir esta falta y reconocer y agradecer públicamente el inmenso y callado trabajo desarrollado por todos los profesionales de las asesorías.

Dados los hechos descritos anteriormente, surge nuestra extrañeza e incluso indignación cuando nos van llegando noticias de que los trabajadores que consiguen conectar telefónicamente con el SEPE - cosa harto difícil-, para preguntar por la tramitación de sus prestaciones (pues en algunos casos había transcurrido más de veinticinco días desde la presentación del ERTE), algunos funcionarios echaban la culpa directamente a las empresas o asesorías, diciendo que “faltaban datos”, es decir, predisponiendo a los trabajadores contra su propia empresa o sus asesorías.

Lo más adecuado hubiese sido que el propio SEPE desde el principio dijese la verdad, exponiendo que se ha presentado un ingente número de ERTEs y que, con la plantilla habitual de funcionarios, y con el teletrabajo puesto en marcha por ese organismo, es totalmente imposible gestionarlos en plazos razonables. Conste que consideramos que el teletrabajo de los funcionarios es una medida razonable en aras a preservar tanto su salud como la de los usuarios y que en ningún momento ponemos en duda.

Como colofón a lo anterior, se vuelve a producir una gran indignación en nuestra profesión al ver las declaraciones efectuadas por la Directora del SEPE de Asturias, cuando en una entrevista en la TPA, dice que los funcionarios trabajan mucho (hasta altas horas de la noche y días festivos) y que los problemas son achacables a las empresas o asesorías por “enviar mal los datos”. Con referencia a este último comentario “falta de datos o datos erróneos”, no será necesario recordar a la propia Administración que el requerir cualquier tipo de aclaración o subsanación de un expediente, es parte de todo procedimiento administrativo y podemos afirmar que en caso de darse, hubiera sido cumplimentado de forma diligente por los asesores.

También nos enteramos días después, que el SEPE de Palma de Mallorca (declaraciones a Antena 3) vuelve a decir lo mismo echando la culpa de nuevo a las empresas y asesorías, cual si se tratase de una consigna para justificar la tardanza de la Administración en hacer frente al pago de prestaciones a los trabajadores.

Por el contrario nos sorprende la total ausencia de autocrítica en todo este proceso, por parte de la Administración. ¿El trabajador puede contactar con el SEPE telefónicamente y este le indica cómo está su expediente, y por tanto la fecha aproximada para cobrar su prestación? ¿Por qué razón la Administración ha negociado con los bancos para que anticipen las prestaciones? ¿Están a día de hoy tramitados todos los expedientes y pagadas las prestaciones?

Rechazamos de plano y de una forma contundente este afán del SEPE por querer trasladar la responsabilidad a las empresas y asesorías, pues como ya se ha dicho, hemos tenido que asumir un trabajo que nunca nos había correspondido, como es el tramitar la documentación para que los trabajadores cobrasen las prestaciones, ya que siempre lo había tramitado directamente el propio trabajador personándose en las dependencias del SEPE, hoy cerradas.

Esperemos que por parte de la Dirección Provincial SEPE de Asturias, en lo que a nosotros concierne, se tomen las medidas necesarias para que cesen esos impertinentes comentarios echando la culpa a las empresas y los despachos profesionales, manteniendo el respeto debido y asumiendo cada uno su responsabilidad.

El Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias