La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) considera que el ingreso mínimo vital -nueva prestación estatal de hasta 1.015 euros mensuales para los hogares en peor situación recién aprobada por el Gobierno central- puede alentar la economía sumergida. Su diseño, sostiene también la patronal, no establece por ahora una vinculación explícita con la formación y la búsqueda de empleo por parte de los beneficiarios. El real decreto-ley que regulará la renta mínima sí incluye medidas de control como la obligación de los hogares de hacer la declaración del IRPF y un régimen sancionador con multas a los propios perceptores de la prestación y a los empresarios en caso de que se detecten trabajos al margen de la legislación laboral y tributaria.
La existencia de prestaciones como la aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es cuestionada con frecuencia desde posiciones políticas y económicas de sello liberal que atribuyen a la garantías de rentas mínimas presuntos efectos secundarios como desincentivos para la búsqueda de empleo y riesgo de aumento de la economía sumergida o informal. La teoría viene a ser así: quien recibe una prestación pública de estas características puede verse tentado a rechazar puestos de trabajo ante la posibilidad de perderla y a la vez verse estimulado a complementar sus ingresos con actividades no declaradas.
La valoración que ayer hizo el presidente de la FADE, Belarmino Feito, enlaza con esas posiciones: "En crisis tan duras como la que estamos pasando debemos hacer un esfuerzo para que nadie se quede atrás. Eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Cosa muy distinta es tomar una medida estructural como ésta en pleno estado de alarma, fuera del ámbito del diálogo social, que además no está vinculada ni a la formación, ni a la búsqueda de empleo. Nos preocupan los efectos que pueda tener sobre la economía sumergida y sobre la negociación colectiva", respondió a este diario el líder de los empresarios asturianos. Su opinión está alineada con la del presidente de la patronal nacional CEOE, Antonio Garamendi, quien, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, afirmó el pasado domingo que "subsidiar sin más", sin vincular las prestaciones a la formación y la empleabilidad de los beneficiarios, "facilita" la economía sumergida.
El real decreto-ley de creación del ingreso mínimo vital, publicado ayer por el "Boletín Oficial del Estado", subraya en la explicación de motivos: "La prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad". El acceso al ingreso mínimo vital -prestación que garantiza rentas de entre 462 y 1.015 euros el mes, en función de las circunstancias familiares- está supeditado, entre otras obligaciones de los beneficiarios (el titular de la prestación y quienes convivan con él), a "participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio (...) en los términos que se establezcan". La introducción al articulado de la norma explica que tales estrategias se adaptarán a las situaciones personales e incluirán el acceso a formación y la inserción en el mercado de trabajo, respaldada por incentivos a la contratación para las empresas. Tanto estos incentivos como las demás políticas de inserción están por concretar. Sí se precisa la obligación de los beneficiarios de inscribirse en el desempleo si no trabajan.
La regulación concebida por el Ministerio que lidera José Luis Escrivá contiene algunas medidas orientadas a prevenir el riesgo de brotes de economía sumergida. Recibir el ingreso mínimo será compatible con el trabajo y su pago no será retirado ni de inmediato ni por completo si un beneficiario que está en el paro encuentra empleo. Se establece además la obligación de los hogares que reciban la prestación de hacer la declaración de la renta, requisito que, según el criterio del Gobierno, favorecerá que afloren actividades sumergidas y las desincentivará.
El régimen sancionador de la renta mínima también tiene un apartado enfocado a evitar actividades por las que no se tribute a Hacienda o no se cotice a la Seguridad Social: se penalizará con multas tanto a los beneficiarios que oculten ingresos procedentes del trabajo como a los empresarios que pudieran contratarles fuera de la ley. "La economía informal no sería posible sin la colaboración necesaria de aquellos empresarios que, con esta forma de actuar, persiguen eludir impuestos y reducir los costes laborales de su actividad", se argumenta en el real decreto-ley. El beneficiario de la renta mínima que sea sorprendido en la economía sumergida perdería la prestación y se le exigiría la devolución de hasta seis mensualidades. El empresario para el que hubiera trabajado sería considerado "cooperador" necesario y tendría que hacer frente a una sanción económica semejante.
