La Audiencia Provincial de Oviedo ha rechazado todos los recursos de apelación interpuestos por el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y otros exmiembros de la cúpula de este sindicato contra la acusación de presunto fraude de subvenciones en el desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014.
La decisión de la Audiencia Provincial no coge por sorpresa a la defensa de los acusados. Francisco Alonso, letrado de Rodríguez Braga, señaló que estos autos de la Audiencia Provincial "los esperábamos", porque en realidad es ir cumpliendo los trámites, tras dictarse el auto de acomodación a procedimiento abreviado, que es el paso siguiente a las diligencias previas.
Ahora el siguiente paso es que se dicte el auto de apertura del juicio oral, con las que nadie se atreve a hacer cábalas. "Es un caso muy complejo, y con la situación actual y el retraso que se va a acumular en los juzgados, nadie lo sabe", aseguró Alonso. Lo que sí parece claro es que "nosotros queremos que sea cuanto antes, pero parece que no será este año", añadió el letrado.
Los autos en los que se basa la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia, y que ya no son recurribles, se sustentan en los informes de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria. La Sala admite que en sus informes hay "seria razonabilidad indiciaria" de que los investigados son los presuntos autores de cinco delitos de fraude de subvenciones.
El abogado Francisco Alonso señalo que "ya se vera en su momento si hay alguna responsabilidad o no. Habrá que ver las pruebas y las conclusiones".
La Fiscalía solicita para Rodríguez Braga diez años de prisión y para los otros exdirigentes y técnicos del sindicato penas de entre 4 años y dos meses y 10 años de cárcel.
