El Principado propone destinar parte del ahorro en el salario social a cubrir los gastos en dependencia, aunque todavía se desconocen las cuantías que liberará la aplicación del ingreso mínimo vital (IMV). El Gobierno asturiano descarta pedir, al menos de momento, la gestión de la renta básica estatal, como han hecho varias autonomías tras la iniciativa del País Vasco. El presidente del Principado, Adrián Barbón, prefiere esperar a ver la evolución, porque la experiencia "con otras transferencias" acabaron siendo una carga excesiva sin la debida compensación económica por parte del Estado.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se ha puesto en contacto con los ayuntamientos para que a través de los servicios sociales municipales se recabe el consentimiento de quienes perciben el salario social y tramitar directamente el trasvase al ingreso mínimo vital (IMV).
La renta básica del Principado la perciben en la actualidad 22.175 unidades familiares asturianas, y de ese volumen total hay que comprobar cuántas pasarían al IMV y cuántas permanecerían recibiendo la ayuda del Principado -es el caso de los mayores de 65 años.
Pero sea cual sea el resultado de este procedimiento, que se alargará durante unos tres meses, lo cierto es que se liberará una parte importante de los 116,7 millones de euros que el Principado había presupuestado para el salario social.
La Consejería de Derechos Sociales tendrá ahora que reordenar su presupuesto y decidir a qué destinará el dinero que se libere. De momento ya ha resuelto que una parte se va a destinar a la dependencia.
"El plan de choque Ponernos al día significa que es necesario aumentar los recursos para atender a todos los demandantes de la ley de Dependencia", explicó Paula Álvarez, directora general de gestión de Derechos Sociales.
Lo que no hará el Principado, al menos de momento, es solicitar la gestión del IMV, como han hecho otras comunidades autónomas.
El presidente regional, Adrián Barbón, argumentó ayer la decisión en "la prudencia", y añadió que prefiere "tener los datos" ante "el déficit estructural" que ha supuesto la asunción de anteriores transferencias. Varios gobiernos de distintos colores políticos, como Cataluña, Cantabria, Andalucía o Navarra, han pedido ya gestionar esa renta vital en sus territorios. Por parte del Estado, la gestión correrá a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Barbón ha precisado la posición de Asturias en el turno de preguntas al Presidente durante el pleno celebrado ayer en la Junta General del Principado y durante la intervención del diputado Ovidio Zapico, quien reivindicó el papel desempeñado por Izquierda Unida para la puesta en marcha del salario social, renta básica que entró en vigor en la región "15 años antes" que la aprobada ahora por el Gobierno central. El coordinador general de IU Asturias planteó que se "reasignen" al refuerzo de políticas sociales y activas de empleo el dinero que hasta ahora destinaba Asturias al salario social y que quedará liberado con la nueva renta básica estatal.
