El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha impuesto una fianza de 1,6 millones de euros a los antiguos dirigentes de UGT -entre los que se encuentra el exsecretario general del sindicato, Justo Rodríguez Braga- a los que la Fiscalía acusa de haber llevado a cabo un presunto fraude en el manejo de las subvenciones después de haber desviado 1,17 millones de fondos públicos para los cursos de formación que la central organizó entre 2010 y 2014. La decisión de la magistrada titular del juzgado, María Luisa Llaneza, llega un par de días después de que la Audiencia Provincial de Oviedo rechazara todos los recursos de apelación que habían interpuesto los acusados.
Una vez conocido ese rechazo, la jueza emitió el pasado viernes el auto en el que se impone una millonaria fianza a los antiguos directivos del sindicato. Aunque la defensa asegura que escrito de la juez es bastante "aséptico" ya que tan solo se recogen las posturas de unos y de otros para, al final, imponer estas multas que es "el procedimiento habitual en este tipo de casos". La jueza, además, da diez días a los acusados para que abonen esta millonaria fianza. UGT, como parte responsable directa, deberá abonar también unos 100.000 euros, aclaran desde las partes implicadas. Si no cumplen con este abono, el juzgado procederá a embargar de forma automática los bienes de los antiguos dirigentes ugetistas.
Esta fianza, explicaron algunas fuentes, ha sido puesta en función del escrito de acusación de la Fiscalía. Es decir, el Ministerio Público asegura haber detectado indicios de fraude por valor de 1,17 millones de euros. A ese dinero se le ha añadido un porcentaje del 30% que suele ser lo habitual en este tipo de causas judiciales, apuntan.
Lo que aún está pendiente es que se conozca la fecha final del juicio oral, aunque la defensa estima que el señalamiento podía demorarse hasta, por lo menos, el año que viene. Así, el fiscal pide 10 años de cárcel para Justo Rodríguez Braga y para otros dos exmiembros de la ejecutiva del sindicato -Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio- por hasta cinco delitos de fraude en subvenciones del Principado para formación. El ministerio público entiende que los tres llevaron a cabo "en actuación concertada" una "operativa orientada al sistemático desvío" de parte de los fondos que recibía la central sindical y su fundación IFES entre 2010 y 2014 a través de sociedades vinculadas a ellas y a las que recurrían para organizar los cursos.
Para llevar a cabo este presunto fraude, los acusados habrían contado con la "necesaria colaboración" del entonces delegado territorial de IFES en Asturias, ya fallecido, y de varios empleados de las entidades implicadas y de la administradora de las empresas vinculadas al sindicato. Así, el fiscal pide también cuatro años y seis meses de cárcel para María Jesús Ocaña -que fue administradora de las sociedades Localmur y Formación 2020- como cooperadora necesaria de dos delitos de fraude y cómplice en otros tres; y solicita tres años y cuatro meses de prisión para el técnico de UGT Alberto González y la técnica de IFES Silvia Sariego como cómplices de cinco delitos de fraude de subvenciones.
