Paula Álvarez Herrera (Oviedo, 1979) es la directora general de Gestión de Derechos Sociales y sobre su mesa está, entre otros muchos asuntos, el salario social básico(SSB), que perciben 22.175 familias, y la coordinación para la incorporación de la mayoría de sus beneficiarios al nuevo ingreso mínimo vital (IMV) aprobado por el Gobierno central. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, pertenece al cuerpo superior de administradores del Principado desde 2004. Su primera experiencia laboral fue como jefa de la sección de subvenciones en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. De ahí, pasó a asumir la jefatura del servicio de estructuras pesqueras, en la consejería de Medio Rural y Pesca, hasta 2009, fecha en la que pasó a ocupar la jefatura del servicio de Prestaciones Económicas y Programas Concertados hasta 2011. Seguidamente fue jefa del Servicio de Atención a la Dependencia, tras de lo cual asume la Dirección General de Atención a la Dependencia, puesto en el que se mantiene hasta agosto de 2015, cuando pasó a ser directora general de Prestaciones y Recursos.
- ¿El Gobierno central consultó con Asturias para conocer cómo funciona el salario social?
-En Asturias partimos de una situación muy parecida a la del País Vasco y de Navarra en cuanto a cobertura. No partimos de cero ni el salario social es una prestación residual. Nuestra prestación tiene ya 15 años de implantación y dio soporte a miles de familias durante la crisis, incorporando nuevos perfiles de beneficiarios. Ahí se evidenció que nadie está exento de verse en una situación de extrema dificultad. Se convirtió en un recurso más democrático y con carácter universal.
- Ahora, el ingreso mínimo vital ofrece cuantías más elevadas que el salario social.
-Sí, va a incrementar los ingresos de las familias que cobran el salario social y hay que intentar que el trasvase suponga la menor complejidad posible. Así lo trasladamos al Gobierno y aceptó nuestras propuestas.
- Asturias no ha solicitado, gestionar el ingreso mínimo vital, como han hecho otras comunidades.
-No, será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el que se encargará de la gestión. Nosotros estamos ahora centrados en recabar el consentimiento de los beneficiarios del salario social para hacer nosotros el traslado de los datos y evitar que tengan que solicitarlo ellos personalmente y presentar toda la documentación. Por esto estamos solicitando ayuda a los ayuntamientos, para poder llegar a quienes reciben la prestación lo antes posible. Nosotros enviamos esas solicitudes y ahora todo está muy automatizado. Habrá que ver cómo resulta y estaremos atentos para que no haya problemas.
- Existe cierto temor a que con el trasvase se retrase el abono de la percepción.
-Los que cobran el salario social no van a dejar de percibirlo durante los meses de trasvase. Seguirán exactamente igual con la única diferencia de que cambiará el pagador. Pero tiene que quedar claro que nosotros estamos tramitando esas solicitudes y que quienes no den su consentimiento tendrán que solicitarlo en el plazo de tres meses.
- ¿Y quien no cobre ahora el salario social y lo necesite dentro de unos meses?
-A partir del 15 de junio se tendrá que solicitar primero el ingreso mínimo vital y si no se le reconoce esa prestación y ya no tiene ninguna otra, entonces podrá solicitar el salario social del Principado.
- ¿Todos los perceptores actuales del salario social pasarán a cobrar el ingreso mínimo vital?
-No. La ley establece que los mayores de 65 años no recibirán el IMV. Se trata de personas que ya tienen derecho a una pensión y el salario social se la complementa. Tampoco tienen derecho, al menos de momento, las unidades familiares con menos de un año de convivencia. En Asturias se exige al menos seis meses para optar al salario social. Debe quedar claro que quien percibe esta ayuda del Principado es porque no tiene derecho o ha agotado cualquier otro ingreso o prestación. Pero hay más requisitos y por eso esperamos tener todos los datos en tres meses para saber cuántas personas pasarán a cobrar del Estado y cuántas se quedarán con el salario social.
- ¿Cuál es el perfil del perceptor del salario social?
-Hay cuatro situaciones. Una es la de quien sufre la exclusión social severa, luego están los pensionistas cuyos ingresos no llegan al salario social y se le complementa o aquellos que son dos o más en la unidad familiar. Con la crisis entró un nuevo perfil, el de trabajadores con hijos en situación de precariedad, que cada vez son más. Y por último están las familias monomarentales y monoparentales, que tienen dificultades para acceder a un empleo y cuando lo encuentran es precario.
- La pandemia por covid-19 provocará una nueva crisis económica. ¿Qué previsiones tenían?
-Teníamos previsto que se pudiera alcanzar el mismo nivel de desempleo de la peor serie y superar las 500 solicitudes al mes. El salario social es un reflejo de la realidad económica de cada momento. En 2019 ya se había producido un descenso acusado de las solicitudes y siguiendo la proyección, se aprobó un presupuesto de 116.750.000 euros, frente a los 120,7 millones que se necesitaron el año anterior. Pero como es un derecho subjetivo, siempre tiene que haber disponibilidad presupuestaria para el salario social.
- En cualquier caso, se liberará dinero del presupuesto previsto para este año.
-Todo depende del numero de beneficiarios que pasen al ingreso mínimo vital y los que se queden con nosotros. No me atrevería a hablar de cifras.
- Otras fuerzas políticas hablan de 80 millones de euros.
-Esas son las cuentas de la vieja, porque insisto, nadie se va a quedar sin percibir ingresos, pero aún no sabemos los que pasarán al Estado y los que se quedarán con nosotros.
- La Consejería de Derechos Sociales plantea destinar parte del dinero liberado a la dependencia.
-Habrá que reorientar el presupuesto. Acabar con los retrasos en la dependencia supondrá tener que disponer de más recursos económicos, y también supondrá creación de empleo y una mejora de las condiciones económicas del personal. Pero el salario social también supone un acuerdo de medidas de incorporación socio-laboral que ahora tenemos que impulsar. El que solicite el salario social tiene que estar en búsqueda activa de empleo y ya existe un acuerdo con el Servicio Público de Empleo y tendrán prioridad, pero se refuerza además el seguimiento que se hace de ellos. Otra novedad que se refleja con el ingreso mínimo vital es que se crean los proyectos de interés social y laboral, y aquí ya se ha mostrado interés por parte de algunas entidades, como la Fundación Laboral de la Construcción. El Estado gestionará la parte administrativa y económica del ingreso mínimo vital y en el Principado nos centraremos prioritariamente en la incorporación socio-laboral. Lo que sí está claro es que no tiene sentido mantener el salario social como está ahora.
- Una de las críticas al salario social es que desincentiva trabajar.
-El problema es de cuantía. Cuanto más se acerca la prestación al salario mínimo interprofesional, más riesgo de que se pueda desincentivar la búsqueda de empleo. Por eso en ningún caso se podrán cobrar el ingreso mínimo vital y el salario social a la vez.
- También se denunciaba que si alguien encuentra un empleo temporal y se da de baja en el salario social, para volver a cobrarlo podía tardar meses.
-Igual se dio algún caso, pero lo habitual es que nosotros llegásemos tarde y durante unos meses se cobrara el salario social y la nómina. Cuando eso se detectaba, el beneficiario tenía que devolver el dinero.
