Dirigentes de las patronales agrupadas en la llamada Alianza por la Competitividad de la Industria mantendrán este mes conversaciones con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para exigir cambios de política energética que abaraten la factura de los grandes consumidores fabriles (ArcelorMittal, Azsa, Alu Ibérica o las cementeras de la Corporación Masaveu, entre ellos), favorezcan la inversión y aminoren la amenaza de cierres y deslocalizaciones.
De la Alianza forman parte, entre otros sectores, la siderurgia, las plantas químicas, las papeleras y los fabricantes de automóviles, actividades todas que, de manera directa o indirecta, tienen gran relevancia en la producción y el empleo industrial asturianos. La ministra Ribera ha dado el paso de contactar con los dirigentes patronales después de que, la pasada semana, el actual secretario general de la Alianza y director de la organización siderúrgica Unesid, Andrés Barceló, atacara la gestión energética del Gobierno de Pedro Sánchez durante una comparecencia en el Congreso. Barceló alertó de la crítica situación del acero y afirmó que el proyecto del estatuto electrointensivo supone, en su redacción hasta ahora conocida, "un insulto" para grandes fábricas como Arcelor o Azsa, porque la rebaja de la luz se queda en 56 céntimos por megavatio para ellas, doce veces menos que para otros negocios industriales menos expuestos a dificultades por los costes energéticos.
En un contexto marcado por el cierre de Nissan en Barcelona, los despidos de Alcoa en Galicia o el riesgo de un final también traumático de Alu Ibérica en Avilés, las patronales de la industria, indicaron fuentes del sector, apremiarán a Ribera para que revise su política energética -también está en el aire la convocatoria de una nueva subasta eléctrica que demanda el sector intensivo en consumo- y para que respalde otras acciones. Así, mientras el Ministerio de Industria apoya explícitamente lanzar un plan de ayudas a la compra de coches que incluya a los motores diésel y gasolina, como piden las empresas, el departamento de Teresa Ribera, guardesa del discurso "verde" del Gobierno, ha evitado pronunciarse hasta ahora.
